"El Govern pretende gestionar la educación a golpe de hacha, de instrucciones y órdenes, por encima de la opinión de la comunidad educativa"
La suspensión de empleo y sueldo este miércoles por parte de la Conselleria de Educación de los directores de tres institutos de Menorca, por estar en contra de la aplicación del Tratado Integrado de Lenguas (TIL), ha desatado una tormenta política de gran calado.
Las críticas vertidas por la oposición, tanto socialista como nacionalista, han crispado los nervios al más pintado, y han obligado a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Mabel Cabrer, ha repetir lo archisabido: que se trata en todo caso de «una promesa electoral del PP que apuesta por la calidad de la enseñanza mediante la implantación, con total normalidad, de una tercera lengua, el inglés, dentro de la enseñanza pública de Baleares».
UNA MEDIDA «POSITIVA»
Cabrer defiende a capa y espada la decisión de incoar los expedientes, toda vez que a su juicio, la ve «positiva», y carga tintas contra los que esgrimen toda clase de críticas al respecto :
«Lamentamos que el PSOE y MÉS alaben a los directores que no quieren cumplir la normativa, ya que eso demuestra quién tiene un comportamiento ilegal y absolutista. Nos llama la atención que el Grupo MÉS critique este modelo cuando muchos de sus representantes saben lo importante que es el aprendizaje del inglés y pagan para que sus hijos lo estudien fuera «.
Tras rechazar el PP en la Junta de Portavoces la comparecencia de Camps solicitada por los grupos de la oposición, y después de que Armengol calificaraaa la actitud de Bauzá como de «autoritaria», Cabrer ha defendido que los intereses de la consellera, y de todo el Partido Popular, pasan por asegurar que «el curso escolar comience con la máxima normalidad y sobretodo con el cumplimiento de la nueva normativa».
RECHAZO ABSOLUTO
El PSM+Més per Menorca ha mostrado este jueves su rechazo a la medida disciplinaria, y la tilda de «impropia» de un gobierno democrático:
«El Govern pretende gestionar la educación a golpe de hacha, de instrucciones y órdenes, por encima de la opinión de la comunidad educativa y de los profesionales, que conocen de primera mano la realidad de su escuela».
El diputado Nel Martí y la consellera menorquinista, Maite Salord, van más lejos aún:
«Menosprecian a la institución escolar y a sus profesionales. Lo han hecho en reiteradas ocasiones, cuando los han acusado de hacer política en las aulas y de manipular a los alumnos y ahora suspenden a los directores que, siguiendo las instrucciones de la orden de la Conselleria cumplen con el mandato del consejo escolar».
Consideran así que el próximo 15 de septiembre las escuelas «difícilmente podrán empezar el curso».
La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Joana Maria Camps, ha cerrado capítulo afirmado que la Conselleria «se ha visto forzada» a tomar la decisión «porque no se puede pregonar que una norma es nula cuando nadie ha decretado su nulidad»:
«Los profesores y los directores, en este caso, son representantes de la Administración de Educación y, en consecuencia, tienen que cumplir las normas y hacerlas cumplir».
EL STEI NO SE QUEDA ATRÁS
El STEI ha considerado por su parte como «inadmisible y fuera de la ley» el cese de los directores de los institutos de Secundaria:
«Se trata del acto más de autoritarismo y represión del presidente del Govern, José Ramón Bauzá, y la nueva consellera de Educación, Cultura y Universidades, que continúan la persecución a quienes defienden la lengua y la cultura de los mallorquines, menorquines, ibicencos y formenterencs».
En opinión del STEI, esta decisión provocará «todavía más confrontación entre la conselleria y la comunidad educativa», al tiempo que ha advertido de que el Govern, con actuaciones como esta, «cae en un posible abuso de poder», por lo que han anunciado que estudiarán este hecho desde la vía administrativa y legal para emprender las medidas jurídicas que hagan falta para defender los derechos de estos docentes:
«Desde nuestro punto de vista y con la ley a la mano, podemos afirmar que estos directores han cumplido la normativa vigente y nada justifica esta actuación desproporcionada, injusta y presuntamente ilegal que la conselleria ha emprendido contra los directores».
