Las ayudas, ajenas a toda fiscalización, habrían servido además para financiar la prejubilación ilegal de decenas de personas
El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, dirigido por Mercedes Alaya, ha emitido un nuevo auto de fecha 31 de julio en el que imputa a otras 23 personas en las diligencias correspondientes a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, según ha avanzado este martes el rotativo ‘Diario de Sevilla‘.
Esta nueva tanda de imputaciones incluiría a dos hijos del conocido empresario José María Ruiz-Mateos, una familia cuya supuesta relación con la trama había sido ya señalada en el auto de ingreso en prisión del exsindicalista jiennense Juan Lanzas, una figura clave en los hechos investigados.
La juez Mercedes Alaya investiga como es sabido la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, gracias a la cual habrían sido financiados numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) carentes de justificación o sin el preceptivo trámite administrativo, así como ayudas directas a empresas o ayuntamientos.
Las ayudas de este fondo, ajenas a toda fiscalización y ni siquiera publicadas, habrían servido además para financiar la prejubilación ilegal de decenas de personas que figuraban en estos expedientes de regulación de empleo sin pertenecer a las empresas que promovía estas reestructuraciones laborales.
PREJUBILACIONES ILEGALES
Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas y la prejubilación irregular de otras 111 personas en decenas de expedientes de regulación de empleo, además de numerosas ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE.
Uno de los aspectos que incluye la investigación, en ese sentido, versa sobre las comisiones que habrían cosechado las empresas intermediarias del sector de los seguros gracias a la contratación de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los citados expedientes de regulación de empleo.
Para la juez, «la clave» del aprovechamiento ilícito «son las sobrecomisiones, en algunos casos millonarias, fijadas por las consultoras, de las que se surte cada interviniente». Las sobrecomisiones, según la juez, constituían «el verdadero alimento de esta trama corrupta» y del que «se nutren no sólo las mediadoras, sino presuntamente y a espaldas de éstas, sus principales responsables».
DECENAS DE IMPUTADOS
En la causa figuran actualmente como imputados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; los sucesores de este último en tal cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas; el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce; la exministra de Fomento y consejera de Hacienda entre 1994 y 2004, Magdalena Álvarez; e incluso el ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez. Y es que se cuentan por decenas los imputados en esta investigación.
Pues bien, según ha avanzado este martes el mencionado diario sevillano, la juez Mercedes Alaya ha emitido un último auto de fecha de 31 de julio en el que decreta la imputación de otras 23 personas, lo que elevaría a 116 el número total de imputados. Entre los nuevos imputados en la investigación figurarían Javier y Pablo Ruiz-Mateos, hijos del conocido empresario jerezano.
LANZAS Y LOS RUIZ MATEOS
Cabe recordar al respecto que ya en el auto emitido el pasado 22 de marzo para ordenar el ingreso en prisión de Juan Lanzas, una figura clave en la trama a cuenta de su presunto papel como mediador en la preparación de los expedientes de regulación de empleo, algunos de los cuales ni siquiera habían sido ideados por las propias empresas, la juez Alaya desgrana el papel de Juan Lanzas en la negociación y promoción de expedientes de regulación de empleo como los consumados en las empresas Matadero de Fuenteobejuna o Surcolor, el primero de ellos con sobrecomisiones de hasta el 29 por ciento.
Pero analiza especialmente el ERE acordado en Comercial Alimentaria ‘Dhul’, en el que Lanzas había amarrado, según la juez, la financiación autonómica de la reestructuración laboral. El procedimiento fue elaborado con la intervención de Personal Life y Vitalia, con una «comisión del 19 por ciento» y la inclusión en este ERE de tres ‘intrusos’; la esposa de un sindicalista de CCOO y dos «cuñados» del propio Lanzas. La juez, en este punto, señala las «relaciones» entre Lanzas y la familia Ruiz Mateos», porque el inculpado habría sido para esta conocida familia, siempre supuestamente, un «conseguidor de financiación pública y negocios de interés».
Así, explicaba la juez en este auto que Lanzas cosechó presuntamente financiación pública para cinco ERE de empresas dirigidas por esta familia, «cobrando supuestamente» tres millones de euros, a razón de 600.000 euros por ERE. Alaya incluso menciona que la esposa de Lanzas recogía este dinero «en la casa de los señores Ruiz Mateos».
