En principio, la empresa dejará que sea el instructor el que decida quiénes declararán
Todo indica que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) no va a señalar a alguien concreto para satisfacer el auto judicial que reclama al responsable -o responsables- de la seguridad de la línea Santiago-Orense cuando ocurrió el accidente, con el objetivo de tomarle declaración como imputado.
Apoyándose en otra de las peticiones del juez Luis Aláez en la que se pide un informe sobre las personas que integran el departamento de seguridad, el ADIF remitirá al juzgado de Santiago «una relación muy exhaustiva» de todos aquellos profesionales que tuvieron algo que ver con la seguridad desde que se concibió el proyecto, en su fase de construcción y en la posterior puesta en servicio.
No elegirá por tanto a una o varias personas para enfrentarse a un proceso incierto, sino que abre el abanico en todas direcciones.
Esta estrategia afecta a personas que estaban en el antiguo Gestor de Infraestructuras Ferroviarias con Francisco Álvarez Cascos al frente de Fomento, cuando se aprobó el estudio informativo. El proyecto inicial fue encargado en diciembre de 1999 y se dio por zanjado en abril del 2003. Es este el momento en el que se definen el trazado y las características básicas de seguridad.
La fase de construcción se desarrolló con Magdalena Álvarez y José Blanco (ambos del PSOE). Pero fue el equipo de este último -con Antonio González como presidente del ADIF- el que puso en servicio el trazado.
Los profesionales que estarán en esa lista, por tanto, irán desde los que participaron en el diseño de la línea -y habían planeado dotarla con ERTMS en todo su recorrido- hasta los que decidieron la señalización y seguridad vigente el día del accidente, que el juez considera insuficiente.
Pero también se aportará el nombre del máximo responsable en Seguridad de Circulación del gestor ferroviario, que apenas lleva dos meses en el cargo y que algunas fuentes consideraban «injusto» que fuera finalmente el único imputado. Por eso también se incluirán otros cargos centrales y territoriales -de la delegación noroeste y de la gerencia gallega- relacionados con la seguridad y la señalización de la línea.
La estrategia del gabinete jurídico del ADIF consistiría en que sea el juez el que elija a la persona o personas que declararán como imputados de entre los nombres que remitirán el juzgado. De hecho, un portavoz oficial precisó ayer que este y otros informes se presentarán al juez «para que resuelva conforme entienda y en función de sus competencias».
Fuentes del la sociedad pública aseguraron que la lista será «prolija» y precisa de un período «adecuado» de tiempo para su elaboración. La enviarán lo antes posible, pese a que el juez no dio ningún plazo.
