Mercedes Alaya, la juez que instruye el caso de los ERE, el fraude con las ayudas públicas para empresas en crisis y sus trabajadores, volvió a reclamar a la Junta de Andalucía, antes de irse de vacaciones, el 31 de julio pasado, la lista de los 146 intrusos: aquellas personas que se beneficiaron de ayudas sin tener derecho a ellas. La juez ya reclamó esta relación el 23 de mayo.
En ese auto previo al verano, Alaya exigía la entrega de la lista de «personas ajenas a las empresas que figuran como beneficiarias de ayudas sociolaborales concedidas en el período 2001-2010».
Reclamaba su identificación, la empresa con la que se relacionó y la póliza por la que cobró.
El PP dio a conocer este viernes otro auto firmado en los mismos términos por Alaya con fecha 31 de julio. También reclama la juez a la Junta la contabilidad de la Agencia Idea correspondiente a los años 2010 y 2011, así como los expedientes relativos a las ayudas concedidas a cuatro empresas por un importe global cercano a los ocho millones de euros.
Sobre los números de la agencia pública, la juez solicita, concretamente, la memoria auditada junto con sus estados financieros, así como el balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, balance de sumas y saldos, libro diario y libro mayor, con el desglose de todas las cuentas y subcuentas.
En cuanto a los expedientes relativos a las ayudas concedidas a empresas, se refiere a A-Novo Comlink (189.301 y 43.845 euros), a Comercial Alimentaria Dhul (441.436, 66.344, 77.563, 6.402.631, 202.554 y 268,845 euros), a Hilaturas y Tejidos Andaluces (3.829, 20.250 y 65.800) y a Pickman La Cartuja de Sevilla (88.083 euros).
En relación con las modificaciones presupuestarias del año 2010 de la Consejería de Empleo, la juez demanda a la Junta la «rectificación de la transferencia de crédito» por importe de 20 millones de euros aprobado por el Consejo de Gobierno el 26 de diciembre de 2010, que aumentaba la dotación presupuestaria.
También reclama el informe del Gabinete Jurídico de la Junta sobre el decreto ley de 16 de octubre de 2012, aprobado para que las ayudas sociolaborales a extrabajadores de empresas en crisis pasaran directamente a la Junta.
Otra demanda es la relativa a los escritos de notificación o comunicación que la Junta haya dirigido a los órganos del Estado o de la Comisión Europea en relación con las ayudas concedidas del programa 22E y 31L en el periodo 2000-2010, ambos inclusive, a «efectos de su compatibilidad con las normas del mercado común, así como pronunciamientos, si los hubiere, de la citada Comisión», así como los informes emitidos por la Dirección General de Asuntos Europeos sobre las mismas ayudas y periodo.
En cuanto a los razonamientos jurídicos que se incluyen en el auto de la juez se expone que los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado están examinando la documentación entregada por el juzgado del que es titular y procedente de la Junta, de manera que se está contrastando con la contabilidad de IDEA-IFA, en la que aparece que la agencia ha concedido yudas de incentivos a una serie de empresas en «relación a las cuales no han sido remitidos los expedientes relativos a las ayudas concedidas a las mismas».
