ERC, Amaiur y BNG pedían el derecho a la autodeterminación de Cataluña, Galicia y País Vasco

“Independentistas, abandonen toda esperanza, no va a haber secesión en España”

Populares, PSOE y UPyD votan en el Congreso contra la propuesta defendida por ERC, BNG y Amaiur

CiU e ICV-EUiA se desmarcan de la iniciativa porque consideran que los referéndums independentistas deben defenderse en el Parlamento autonómico

El PP, el PSOE y UPyD rechazaron este 8 de octubre de 2013 en el Congreso de los Diputados la propuesta de ERC, Amaiur y el BNG (inscritos en el Grupo Mixto) para reconocer el derecho a la autodeterminación de Cataluña, Galicia y el País Vasco, y permitir que se celebren referéndums independentistas en estas CCAA.

Una iniciativa de la que se descolgaron CiU e ICV-EUiA que, aunque apoyan la celebración de consultas secesionistas, porque prefieren que estas se defiendan conjuntamente desde el Parlamento autonómico de Cataluña.

La portavoz del BNG, Olaia Fernández Dávila, ha criticado al Gobierno que siga «empeñado» en «eliminar la diferencia» y en su defensa del «café para todos», transfiriendo el mismo nivel de competencias a todas las CCAA.

Por su parte, Alfred Bosch (ERC) ha destacado que ésta es la decimocuarta ocasión («catorceava«, según el independentista) que su partido plantea sin éxito esta cuestión en el Congreso en defensa de lo que considera un derecho «inalienable e irrenunciable.

Bosch ha advertido al PP de que se acabará realizando un referéndum independentista y de que ganarán los partidarios de la ruptura porque tienen «razones» y «razón«.

«Queremos votar, pero ustedes dicen que es ilegal. ¿Piensan prohibir que se presenten partidos independentistas a las elecciones? Nosotros, si nos lo permiten, iremos pasando, y si no, también. Queremos votar, ¿es tan difícil de entender, coño?».

CiU e ICV-EUiA se desmarcan de ERC

De forma silimar se ha posicionado el portavoz de Amaiur, Xabier Mikel Errekondo, que ha criticado que el Gobierno utilice la Constitución como «escudo y armada» para negar el ejercicio a la libre determinación de «naciones» como el País Vasco, una reclamación «habitual, legítima y democrática«, y que lo haga bajo «amenazas e imposiciones».

La propuesta independentista ha recibido el apoyo del PNV, pese a que su ponente, Emilio Olabarría, considera que se haya utilizado una iniciativa «débil» para la configuración de un derecho cuyo ejercicio en el País Vasco ha sido «perturbado» por el terrorismo «cruel y asesino» de ETA.

En cambio, CiU e ICV-EUiA se han desmarcado de la iniciativa porque consideran que es potestad del Parlamento autonómico.

«No es así como se hacen las cosas», ha indicado Joan Coscubiela (IC-ICV-EUiA-CHA). Mientras que Jordi Jané (CiU) ha criticado a los promotores de la resolución de ir «por libre».

«No vamos a permitir que disuelvan España»

El portavoz del PP en la Comisión Constitucional, Pedro Gómez de la Serna, ha sido contundente en su respuesta.

«Abandonen toda esperanza: no va a haber secesión en España», ha indicado, y ha lamentado las «carreras» de los nacionalistas vascos y catalanes para seguir a los independentistas.

«La secesión no es un derecho», ha recordado, y ha advertido de que violar la ley «no es democrático».

«No hay un derecho a la ruptura de la convivencia. Ustedes llevan a la frustración, al agravio, a la crisis social, y quién sabe si a la violencia. Este proyecto que es España no lo vamos a disolver ni vamos a permitir, jamás que lo disuelvan ustedes».

El PSOE, por boca de la diputada Susana Sumelzo, ha querido dejar claro que no está de acuerdo con el derecho de autodeterminación por no estar contemplado en la Constitución, aunque se ha mostrado partidaria de reformarla.

«Ni el retroceso ni la ruptura son la solución, pero tampoco el inmovilismo. La solución es la reforma de la Constitución, avanzando hacia el federalismo».

Desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán ha justificado su rechazo a la proposición poniendo de relieve las «falacias y falsedades» de tipo jurídico que esconde el derecho de autodeterminación que demandan los proponentes.

Y ha alertado de que es un «engaño» asegurar que basta con que un territorio sea denominado nación por un determinado partido para que tenga los mismos derechos que un Estado constituido.

 

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