Está previsto que el próximo ministro en reunirse con esta élite empresarial sea Cristóbal Montoro
Ante las dificultades para llegar a acuerdos con el Gobierno catalán y tras muchos meses de adoptar un ‘perfil bajo’ para no cabrear a los nacionalistas, el Gobierno Rajoy cambia de registro y comienza a buscar la complicidad de los empresarios catalanes para frenar los planes soberanistas de Artur Mas.
El pasado jueves, 10 de octubre de 2013, los empresarios recibieron un mensaje directo, el primero después de años de silencio sonrojante de los sucesivos Ejecutivos españoles.
En el transcurso de una cena en Barcelona, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, acusó a la sociedad civil catalana de haber quedado «capturada» por la política e instó a los empresarios a marcar distancias con Mas y reconducir la situación, según explicaron varios asistentes.
La cena, que se celebró en la sede del grupo de infraestructuras Abertis, estaba organizada por el Foro Puente Aéreo, un lobby impulsado en 2011 por el exdirigente del PP catalán Enrique Lacalle para favorecer el cada vez más conflictivo diálogo entre Madrid y Barcelona.
En el foro participan con más o menos regularidad 34 empresarios que hasta ahora han celebrado 11 ágapes con dirigentes políticos de primer nivel, entre ellos, Mas y Rajoy, aunque en calidad de candidato a la presidencia.
A la cena con Ruiz-Gallardón asistieron, entre otros, el presidente de la patronal catalana, Joaquim Gay de Montellà (Foment del Treball), Salvador Alemany (Abertis), Juan Miguel Villar Mir (OHL), Emilio Cuatrecasas (Cuatrecasas), Javier Godó (Godó), José Manuel Entrecanales (presidente de Acciona), Antonio Catalán (AC Hoteles), Rodrigo Rato (expresidente de Bankia y exdirector del Fondo Monetario Internacional), Luis Conde (presidente de Conde de Seeliger, que fichó hace un año a Esperanza Aguirre) o el portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, el único político en activo en la cita y del sector nada soberanista de la coalición.
Las élites empresariales catalanas, que prefieren ponerse de perfil para que el conflicto no salpique su negocio, niuegan ser prisioneras de Artur Mas. Se justifican diciendo ellos nunca han ido más allá de valorar la petición del concierto económico especial para Cataluña y que siempre han estado en la tesis de la legalidad constitucional, incluso cuando han aceptado la convocatoria de una consulta.
