Ha sido llamado a declarar junto al concejal de Personal, Juan Ignacio Nicolás

El alcalde de Cuenca, imputado por un presunto delito relacionado con Personal

A raíz de la anulación de la contratación de un operador informático en una bolsa de trabajo municipal

El alcalde de Cuenca, imputado por un presunto delito relacionado con Personal
Juan Ávila. PD.

Las declaraciones de Ávila y Nicolás, según consta en la providencia de la magistrada, tendrán lugar a las 9,30 horas del 5 de diciembre

El alcalde de Cuenca, Juan Ávila, no pasa por su mejor momento político. Al desgaste sufrido esta legislatura por sus subidas de impuestos y la indefinición surgida a raíz de su ocurrencia de consultar a los trabajadores si había que despedir a interinos o rebajarles el sueldo se suma ahora una imputación por un presunto «delito de estafa» en un caso relacionado con recursos humanos.

Lo cuenta hoy en primicia el diario local vocesdecuenca.es. La magistrada-juez del Juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Cuenca Olga Rodríguez ha citado a declarar en calidad de imputados al alcalde de Cuenca, Juan Ávila, y al concejal de Personal, José Ignacio Nicolás, por un presunto «delito de estafa».

Además, la magistrada ha citado como testigos en este caso relacionado con un asunto de recursos humanos a la concejala de Personal en la anterior legislatura, Alejandra Barambio; a la concejala de la Junta de Gobierno actual, Nieves Mohorte; a la interventora municipal, María José Torres; y al jefe de servicio de gestión de Personal del Consistorio, José Ignacio Álvaro Chirveches. Imputados y testigos tendrán que declarar el próximo 5 de diciembre.

La imputación de una persona por parte de un juez en la fase de diligencias previas, como es el caso, se produce cuando éste considera que hay indicios de delito. Una imputación no significa jurídicamente que la persona afectada sea acusada o culpable, eso se determina en una fase posterior del proceso. Los imputados no tienen la obligación que sí tienen los testigos de decir la verdad en su declaración bajoamenaza de perjurio.

El origen del caso
El caso tiene su origen en una denuncia de un particular al Ayuntamiento de Cuenca por los presuntos delitos de estafa y prevaricación administrativa.
El denunciante aprobó una bolsa de trabajo de operador de informática convocada por el Consistorio y su contratación fue acordada en una Junta de Gobierno Local celebrada el 15 de abril de 2011. Este acuerdo se produjo con un informe favorable de la Intervención municipal según certificó la que entonces era concejala de Personal y secretaria de la Junta de Gobierno Local, Alejandra Barambio. En el acta de esta sesión no se señala que haya ausencia de crédito para consignar esa plaza.

Algo más de un mes más tarde, en mayo de ese año, hubo elecciones municipales que supusieron que en junio el equipo del socialista Ávila tomase el relevo en el gobierno local que hasta entonces había dirigido el popular Francisco Pulido.

El 14 de diciembre de 2011, la Junta Local de Gobierno, ya con otros componentes, declaró nulo el acuerdo de sus antecesores y desestimó la petición del denunciante de tomar posesión de su puesto.

Unos días después, el 26 de diciembre, el jefe de Servicio de Gestión de Personal, José Ignacio Álvaro Chirveches, envió una carta al afectado en la que le comunicaba la anulación del acuerdo de su contratación. La misiva explicaba que la petición de un informe a la intervención municipal que avalase su entrada como empleado del Consistorio «se produjo el 10 de mayo», es decir casi un mes después de que se acordara su contratación en Junta de Gobierno. Este funcionario señala que «esto hace pensar que lo manifestado en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local (en referencia a la celebrada en el mes de abril) es una falsedad».

Según Álvaro Chirveches, su tesis quedaba corroborada por el hecho de que, en respuesta a esa petición, la intervención municipal emitiera «con fecha 13 de mayo de 2011 un informe desfavorable, basado en que la plaza que se pretende interinar se encuentra sin crédito presupuestario».
Contradicción

Por tanto, hay una contradicción entre lo manifestado en los dos acuerdos de la Junta de Gobierno Local: entre la sesión en la que se le ordenó contratar al denunciante y la de meses después en la que se declaró nulo ese acuerdo.

En su denuncia al juzgado, el trabajador sostiene que «es muy posible determinar que estamos bien ante un delito de falsedad o prevaricación, o ambos, pero no sabemos quién o quiénes lo cometen, dado que la secretaria de la antigua Junta de Gobierno y la nueva, (en referencia a Barambio y Mohorte), mantienen la falsedad cada una de la Junta de la contraria, pero no podemos determinar en esencia en cuál de las dos juntas se comete el delito».

Por ello, solicita al Juzgado que llame a declarar como testigos para aclarar el asunto, «sin perjuicio de su posterior imputación», a Barambio, Mohorte, Torres y Álvaro Chirveches.

No pide expresamente ni la declaración ni la imputación de Ávila y Nicolás, por lo que se entiende que ésta es una iniciativa de la propia magistrada-juez tras analizar la documentación presentada.

Esa documentación incluye también un escrito en el que el denunciante insiste en la petición de comparecencia «a fin de conocer si el crédito existente en la primera Junta se ha volatilizado o si el informe fue modificado con posterioridad».

«Con la petición de esta prueba se tendría conocimiento exacto de si se celebran oposiciones libres en el Ayuntamiento de Cuenca (con los consabidos traumas de todos los opositores, celebración de exámenes, o pago de tasas, entre otros), sin consignación presupuestaria previa y a sabiendas para luego no cubrir las plazas, jugando de esta forma con los opositores y con su futuro», afirma.

En su argumentación jurídica también aporta «documentos de entre el 16 de mayo de 2011 y el 1 de enero de 2013 (es decir, con posterioridad al informe desfavorable de intervención) donde constan contrataciones de funcionarios y personal interino sin reparos por parte de la Intervención municipal, solicitando certificación al Ayuntamiento de si existía consignación presupuestaria o no y si existía informe favorable o desfavorable de la Intervención».

Las declaraciones de Ávila y Nicolás, según consta en la providencia de la magistrada, tendrán lugar a las 9,30 horas del 5 de diciembre en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cuenca. Los testigos están citados para la misma fecha para las 11 de la mañana.

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