Por un delito de prevaricación

El exalcalde socialista de Villalgordo del Júcar condenado a siete años de inhabilitación especial

Santiago Risueño se empeñó en que su esposa fuera la ludotecaria del municipio a toda cosa

El exalcalde socialista de Villalgordo del Júcar condenado a siete años de inhabilitación especial
Santiago Risueño Tébar. PD.

El exalcalde actuaba sabiendo lo que hacía porque fue avisado varias veces por el secretario

El juez ha fallado a favor del portavoz del Partido Popular de Villalgordo del Júcar, Javier Urrea, condenando al ex-alcalde socialista, Santiago Risueño Tébar, a siete años de inhabilitación especial y al pago de las costas por un delito de prevaricación.

En este sentido y según explica el Partido Popular en un comunicado de prensa, Urrea explica que hace tres años interpuso una querella contra el ex-alcalde del PSOE por «la constante actitud de mantener como ludotecaria del municipio a su propia esposa, que ni siquiera contaba con la titulación necesaria cuando fue contratada por primera vez, pese a tener informes en contra del secretario del Ayuntamiento y del servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Diputación Provincial».

Asimismo, dejó de ejecutar un acuerdo de Pleno por el que se obligaba a iniciar la revisión de oficio de esta contratación que, según señala el portavoz del PP, «no fue ejecutada hasta un año después, una vez que formulamos la demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo».

Recaída Sentencia en el Constencioso Administrativo, el alcalde se ve obligado a despedir a su mujer pero aprueba unas bases a medida de su esposa para que obtuviera nuevamente la plaza.

Querella

El portavoz de los ‘populares’ se vio en la obligación entonces de querellarse contra el ex-edil socialista pues «actuaba sabiendo lo que hacía porque fue avisado varias veces por el secretario» y destacando que «el empeño del alcalde de mantener a su mujer como ludotecaria le ha costado al Ayuntamiento de Villalgordo, de 1.200 habitantes, alrededor de 20.000 euros, por tres procedimientos y una indemnización además de la injusticia que ha supuesto para otras personas que no pudieron acceder a ese puesto en condiciones de igualdad».

Por último, Urrea comenta que «es una pena en los tiempos que estamos con las elevadas cifras de paro que se aprovechen los cargos públicos para favorecer a sus familiares con algo tan sagrado como es el trabajo.»

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