El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley de Tratados

Las CCAA tendrán que informar al Gobierno español antes de firmar acuerdos internacionales

Regiones como Cataluña firmaron en los últimos cinco años un total 277 memorandos de entendimiento, cuyo contenido no había podido ser revisado previamente

Las CCAA tendrán que informar al Gobierno español antes de firmar acuerdos internacionales
García Margallo. EP

Las Comunidades Autónomas deberán remitir al Ministerio de Asuntos Exteriores los acuerdos internacionales que pretendan suscribir con el fin de conocer si invaden o no competencias que son del Estado. Así se establece en el proyecto de ley de Tratados aprobado hoy por el Consejo de Ministros.

El texto, que fue presentado por el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, distingue tres tipos de acuerdos internacionales: los Tratados, que sólo pueden ser firmados por el Estado como sujeto de derecho internacional; los acuerdos administrativos, que ejecutan o concretan los tratados y que podrán suscribir otros sujetos como las CCAA y otros organismos de la Administraciones Públicas; y los acuerdos no normativos o memorandos de entendimiento, que son declaraciones de intenciones que no implican obligaciones y que también pueden suscribir las autonomías y otros organismos.

El ministro explicó que los acuerdos administrativos y no normativos deberán ser enviados con carácter previo al Ministerio de Asuntos Exteriores, para ser informados por la Asesoría Jurídica Internacional, con el fin -dijo- de que «no se nos cuela por la puerta de atrás materias que serían propias de un tratado internacional».

García-Margallo reveló hace pocos días en el Congreso de los Diputados que, según los datos de que disponía su Ministerio, las Comunidades Autónomas habían firmado en los últimos cinco años un total 277 memorandos de entendimiento, cuyo contenido no había podido ser revisado previamente.

Sin embargo, tras el informe emitido por el Consejo de Estado sobre el anteproyecto de Ley de Tratados, el Gobierno ha optado por retirar la obligación, que figuraba en el texto de que las comunidades remitieran los acuerdos internacionales que querían firmar al Ministerio de Economía y Hacienda, para saber si comportaban gasto. El Consejo de Estado recordó que las comunidades autónomas tienen autonomía financiera, por lo que no procedía esa remisión a Hacienda. Por el contrario, la obligación persiste cuando sean otros Ministerios los que pretendan suscribir un acuerdo internacional.

Por otra parte, la ley indica que las Comunidades Autónomas tendrían derecho a ser informadas de los tratados que se prendan firmar y afecten a sus competencias. Además, podrán proponer al Estado que se celebre tratados en materias que sean de su interés y podrán formar parte de la delegación nacional que celebre estos tratados.

Con la nueva ley, que completa la de Acción Exterior y del servicio Exterior, que se tramita ya en las Cortes, se quiere poner fin alo que s considera una situación anómala, ya que la regulación actual data de un decreto de 1972 y por tanto, preconstitucional, y tenía unas «lagunas notables», según dijo el ministro.

 

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