Aboga por un cambio de modelo educativo que apueste por la calidad educativa, la cultura del esfuerzo, la autonomía de los centros y la intensificación de los idiomas
El consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, ha asegurado que «ante los demoledores datos de fracaso escolar y abandono escolar prematuro, que en nuestro país se sitúan en el 25,7 y 24,9 por ciento respectivamente, el peor enemigo que hay es el inmovilismo». Así se ha manifestado Marín a respecto a la postura de algunas comunidades autónomas que se oponen a la futura ley educativa impulsada por el Ejecutivo central.
Marín ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa antes de participar en la Comisión General de Comunidades Autonómas del Senado, convocada para informar de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, que inicia su tramitación parlamentaria en la Cámara Alta.
El consejero ha comenzado su intervención señalando que la actual ley educativa, la Ley Orgánica de Educación (LOE), «ha demostrado que no sirve para atajar las tasas de fracaso escolar y abandono escolar prematuro que padecemos en nuestro país.
Fracaso y abandono escolar prematuro por encima de la media europea
«No estamos dispuestos a que nuestros alumnos padezcan unas tasas de abandono y fracaso escolar superiores a las europeas, por lo que nuestra intención es cambiar el modelo educativo actual», ha subrayado Marín, para quien la futura normativa «es para los alumnos y su futuro, no para los políticos».
En este sentido, ha recalcado que «si continuáramos con la actual ley, abandonarían los estudios más de dos millones de alumnos», cifras que a su juicio «no se puede permitir ningún país».
El titular de Educación ha defendido la necesidad un cambio de modelo educativo «que apueste por la calidad educativa, la cultura del esfuerzo, la autonomía de los centros, la intensificación de los idiomas y de las nuevas tecnologías de la información».
En este punto, el consejero ha hecho hincapié en que la reforma educativa «no invade competencias de las comunidades autónomas», sino que al contrario «concede mayor autonomía a los centros y a las administraciones educativas». «No relega ninguna lengua cooficial, sino que les da un tratamiento análogo», ha asegurado Marín.
