March realizó 'ex novo', en la finca 'L'Assarell', en Pollença (Mallorca) una construcción "no autorizada" de aproximadamente unos siete metros cuadrados
El exportavoz y dirigente del Grupo de Ornitología Balear (GOB) Miquel Àngel March se enfrenta a una petición de dos años de prisión y una multa de 3.240 euros por presuntamente aprovechar una licencia de reforma para levantar una construcción de carácter agrícola en terreno protegido, obras que el acusado asegura que estuvieron amparadas por un procedimiento administrativo «público, transparente y para nada clandestino».
Así lo ha puesto de manifiesto durante su declaración en el juicio que ha comenzado este miércoles 6 de noviembre en el Juzgado de lo Penal número 7 de Palma, a raíz de la denuncia interpuesta por un particular que, en su escrito de acusación, afirma que March realizó ‘ex novo’, en la finca ‘L’Assarell’, en Pollença (Mallorca) una construcción «no autorizada» de aproximadamente unos siete metros cuadrados sobre un Área Natural de Especial Interés (Anei).
AYUDA ECONÓMICA
Sin embargo, en su comparecencia, el dirigente de la entidad ecologista ha aseverado que en 2001 se dirigió al Ayuntamiento de Pollença para poner en conocimiento los graves daños que había sufrido su caseta, junto a las pocilgas y el almacén allí ubicados, a raíz del temporal que asoló la isla ese año, por lo que solicitó una ayuda económica a fin de poder llevar a cabo su rehabilitación.
Un trámite que también efectuó ante la Conselleria de Agricultura del Govern, según ha explicado, tras lo cual se puso en marcha un expediente específico para la reparación. De este modo, ha recordado, pudo arreglar las cochiqueras sobre las que cayó la rama de un árbol centenario y el resto de elementos que habían sido destruidos, manteniendo no obstante toda la estructura. Las obras, ha apuntado, respondieron así al objeto de la subvención prevista como ayuda, pero «en ningún momento» se edificó «anexo alguno», ha recalcado
«Fue tal la envergadura del temporal que el Govern aprobó un Decreto de ayudas urgentes» al que se acogió, tal y como ha manifestado March, defendido por el abogado Agustí Cerveró, quien al inicio del juicio ha remarcado que las obras se realizaron «por un motivo extraordinario», como fue el temporal, para lo cual se arbitró un sistema extraordinario de tasas sin que el Ayuntamiento de Pollença resultase perjudicado.
Asimismo, el acusado ha negado haber llevado a cabo ningún tipo de demolición posterior a la denuncia, «de la que nos enteramos a principios de marzo de 2007». De hecho, ha apuntado que fue antes de esa fecha cuando se eliminaron unos 160 metros cuadrados de construcciones obsoletas, una pocilga precaria y tejas preexistentes. «Desde que supe de la denuncia no he tocado nada», ha asegurado.
«Nadie nunca me ha abierto expediente ni me ha reclamado nada por unas obras de escasa entidad, amparadas por un procedimiento público, transparente y nada clandestino», ha reiterado March. Por su parte, la Fiscalía pide la absolución del líder ecologista al alegar que March no incurrió en delito alguno y que, de estimarse así, los hechos estarían prescritos.