Ha sido objeto de una acusación "absurda", que ha atribuido a los "gajes del oficio" propios de su implicación en la organización conservacionista
El exportavoz del grupo ecologista GOB Miquel Àngel March ha quedado este jueves 7 de noviembre absuelto de un presunto delito contra la ordenación del territorio al haberse retirado la acusación en su contra por haber rehabilitado una pocilga y un gallinero en la finca protegida de L’Assarell, en el municipio de Pollença.
El juicio ha quedado visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal número 3 de Palma, después de que el abogado del denunciante haya retirado la acusación al considerar que los cuatro peritos que testificaron ayer en la vista oral coincidieron al unísono en que los hechos de los que se acusaba a March eran subsanables o autorizables cuando ocurrieron porque se le habría otorgado la licencia de obras de haberla solicitado.
El abogado de la acusación popular Diego Wencelblat ha solicitado al juez que dé traslado al Ayuntamiento de Pollença de los hechos probados durante el juicio por si lo ocurrido pudiera ser calificado como una infracción urbanística y ser objeto de sanción, ya que en su día el consistorio abrió un expediente disciplinario a March que quedó en suspenso a la espera de sentencia.
HECHOS DEMOSTRADOS
El letrado considera que ha quedado demostrado que March no solicitó licencia para reconstruir la cochiquera y el gallinero, ni para la demolición posterior de la mitad de dicha construcción.
En su exposición final, el abogado acusador ha reprochado al portavoz del GOB que mientras se dedicaba a «perseguir a los infractores de la disciplina urbanística», no solo construyera «más de lo debido sin licencia, sino que lo derribó y no trató los escombros como debía.
Sin entrar en las motivaciones de la acusación, la fiscal Isabel Monforte ha reiterado la postura que manifestó ayer de que en su opinión no tenía que haberse celebrado un juicio oral sostenido solo por una acusación popular porque considera que no ha actuado movida por el interés general.
La fiscal ha recalcado que en este caso no se ha dañado ningún bien jurídico y los hechos en ningún momento son constitutivos de delito porque lo que se ha probado es que March reparó los desperfectos ocasionados en varias construcciones de su finca por una tormenta ocurrida en 2001, algo para lo que no solicitó licencia, hecho que tiene la consideración de defecto subsanable.
REFLEXIÓN
El exportavoz del GOB ha hecho uso del turno de última palabra para manifestar que habría deseado que la reflexión realizada hoy se hubiera llevado a cabo «hace 7 años», durante los que considera que ha sido objeto de una acusación «absurda», que ha atribuido a los «gajes del oficio» propios de su implicación en la organización conservacionista.
«En mi pueblo todo el mundo sabe de qué va esto», ha afirmado March ante el juez.
Su abogado, Carlos Tarancón, ha asegurado que este proceso en el que ha habido «notarios en helicóptero» sobre la finca y peritos que han hecho informes sin pisar la propiedad ni hacer ninguna medición, se ha debido a fines espurios y solo tenía la intención de dañar a March mediante acoso mediático por representar a una entidad conservacionista.
Según el letrado, que ahora se pida dar traslado de los hechos al Ayuntamiento de Pollença tiene el objetivo de «seguir dando cuerda a una cuestión que nunca ha tenido ni pies ni cabeza», al cuestionar la rehabilitación de una pocilga que en 1961 ya estaba decrépita, tal como han declarado varios testigos durante el juicio.
El abogado ha solicitado al juez Eduardo Calderón la expresa condena en costas para la acusación popular.
