mso-themecolor: accent6;">Pretender cambiar la Constitución es dar patente de corso a quién ve a España como un proyecto fallido, como algo tan inacabado y etéreo como el proyecto ideológico soberanista…
En todo este debate forzado por el nacionalismo hay un elemento sobre el que parece no reparar un partido como el PSOE (ni la izquierda en general), los dirigentes socialistas –quizás inmersos en sus propias contradicciones de una herencia política emponzoñada como las que le dejó el expresidente Zapatero- parecen no entender que la realidad política y social se fundamenta en las creencias, en las tradiciones, en la solidez de unas normas escritas (o consuetudinarias) que recogen costumbres y amparan derechos fundamentales, hablo de la Carta Magna, hablo de la solidez de un sistema de creencias racionalizadas.
La propuesta del PSOE de cambiar la Constitución para un encaje territorial y administrativo de Cataluña en España, no solo parte de un análisis equivocado –el problema de España no es qué dice la norma fundamental sino cómo se ha desarrollado la misma-, de unas premisas falsas –presupone la existencia de una entidad ¿nacional? llamada Cataluña distinta a España que es necesario encajar-, sino que, además, sitúa en el mismo plano, iguala, lo que es un proyecto con lo que es una realidad.
Pretender cambiar la Constitución es dar patente de corso a quién ve a España como un proyecto fallido, como algo tan inacabado y etéreo como el proyecto ideológico soberanista, proyecto basado en proyecciones políticas de imágenes mentales, en reconstrucciones anacrónicas, en mitos fosilizados.
Cambiar la Constitución es, como decía más arriba, confundir lo ideal con lo real, una realidad social, jurídica e histórica llamada España, es renunciar a la solidez que otorga lo que los politólogos denominan la “path dependence”, un camino social y vital que nos da, a su vez, la seguridad de saber que estamos en la misma senda, que tenemos las mismas esperanzas, los mismos referentes democráticos.
Esa solidez constitucional se desvanece en el aire cuando el principal partido de la oposición y sus ¿socios? catalanes se esfuerzan en desintegrar el poder negocial que nos da la senda democrática que decidimos seguir hace más de treinta años, da alas a los que no quieren ni se conformarían con un cambio constitucional que constate la independencia de facto que sufrimos los catalanes, da alas a los que no creen en la Carta Magna por el simple hecho que se acompaña de lo que para ellos es un insulto, algo insufrible, básicamente porque es la Constitución española, de todos los españoles.
¿Alguien cree que la respuesta debería ser la claudicación jurídica ante la ideología nacionalista?, ¿qué se puede esperar de quién tergiversa torticeramente la letra y el espíritu constitucional cuando afirman que no refleja la pluralidad del Estado?, ¿acaso no sería mejor mantener firme el timón democrático de nuestro sistema jurídico y de valores en vez de intentar contentar al que simplemente te niega?, ¿no sería hora de empezar a aplicar la ley y las normas en Cataluña?.