El presidente de C’s, Albert Rivera, ha exigido este sábado 16 de noviembre de 2013 al Gobierno Rajoy que actúe en caso de que haya un vacío legal que permite a los ayuntamientos de Cataluña colocar esteladas en las rotondas, tal y como ocurre en centenares de municipios catalanes.
Ha recordado que el Gobierno central tiene mayoría absoluta para acometer los cambios legales que sean necesarios para solventar esta situación:
«No vale seguir mirando hacia otro lado. No es de recibo que mucha gente se encuentre símbolos ideológicos cada día en su pueblo».
Espacios públicos neutrales
Según Rivera, los espacios públicos deben ser «neutrales y de todos» en cuanto a símbolos se refiere, por lo que ha exhortado al Estado a mover ficha en este aspectos al advertir, a su juicio, que es un debate que incomoda a muchas personas y enrarece el ambiente en los municipios.
Es más, ha instado a la delegación del Gobierno en Cataluña a actuar en estos casos y, en caso de que haya un vacío legal, que el Estado haga una modificación legal para que los espacios públicos «no sean de nadie».
«Si no es así, mañana puede gobernar un partido comunista y colocar su bandera, el PP con mayoría absoluta en un ayuntamiento poner su gaviota, o C’s colocar su símbolo».
Para el líder de C’s, las únicas banderas posibles que puede haber más allá del consistorio son las oficiales -la del ayuntamiento, la autonómica y la estatal-, pese a recordar que esto se incumple también en 400 ayuntamientos catalanes.
«No es un símbolo oficial»
A su juicio, CiU y ERC han acabado vinculando la estelada con una bandera institucional:
«Cuando no es tan siquiera un símbolo oficial de Cataluña porque es una bandera independentista, y esto es intolerable desde el punto de vista de la convivencia».
Así, ha lamentado que se estén aprobando mociones en muchos ayuntamientos con el objetivo de colocar «banderas ideológicas en todas partes», lo que considera que acentúa la guerra de banderas en los balcones, entre otras cuestiones.
Por ello, ha dejado en manos del Gobierno la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley y, desde C’s, plantearán si jurídicamente se puede actuar o no.
