"Hay un inusitado interés de unos y otros de proteger a los presuntos responsables de una vulneración grave de los derechos humanos"
La Fiscalía ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 de Palma el sobreseimiento provisional de la querella criminal de cuatro entidades contra varios altos cargos de la Conselleria balear de Salud por la muerte del inmigrante Alpha Pam, por entender que ha sido promovida por motivos políticos.
En un informe remitido al Juzgado, la Fiscalía califica de «utilización maliciosa» de la acción penal la querella presentada por las asociaciones Derechos Humanos de Mallorca y de Senegaleses de Mallorca -Asema-, CGT y UGT Baleares, por los presuntos delitos de denegación discriminatoria de una prestación sanitaria pública, prevaricación, coacciones, homicidio imprudente y revelación de secretos contra cuatro altos cargos de la Conselleria.
«LA PRETENSIÓN NO ES DESCUBRIR LA VERDAD»
El fiscal ha solicitado al juez de Instrucción número 2 de Palma, Pedro Barceló, el archivo provisional de la querella por entender que su pretensión no es descubrir la verdad acerca de la muerte del senegalés Alpha Pam, ocurrida por tuberculosis el 21 de abril en Can Picafort, sino instar una causa general contra el conseller de Salud y otros tres altos cargos de la Conselleria.
En relación a los delitos, el fiscal considera que la imputación de homicidio imprudente contra los altos cargos por concertarse o inducir a los sanitarios a cometerlo, muestra «el exceso de carga política» de la querella.
Añade que además este delito solo puede ser investigado en el partido judicial donde ocurrió el fallecimiento, Inca, en cuyos juzgados ya existe una causa penal donde se dilucida la responsabilidad del personal sanitario que atendió a Alpha Pam.
«SÍ RECIBIÓ ASISTENCIA»
Según el fiscal no ha existido denegación discriminatoria de la atención sanitaria pública porque el fallecido sí que recibió asistencia médica, primero en el centro de salud de Can Picafort y posteriormente en el Hospital de Inca.
Rechaza también la acusación de prevaricación porque si bien Pam firmó un compromiso de pago por la atención, no se le exigió su abono; así como el de coacciones porque opina que al reclamar la firma de dicho documento, la autoridad médica estaba aplicando una normativa estatal de obligado cumplimiento (la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud).
El ministerio público considera que solo cabría imputar presuntamente el delito de divulgación de secretos al entonces director del Hospital de Inca, porque escribió un artículo en un medio de comunicación en internet que incluía datos del expediente médico del fallecido.
La Fiscalía lamenta las insinuaciones de parcialidad y dejación de funciones realizadas por los querellantes contra el juez en varios de los escritos que figuran en la causa, que considera acusaciones descalificatorias graves e injustificadas.
También rechaza que se convocara una protesta ante los juzgados (que se celebró el pasado 27 de septiembre) sin que los querellantes hicieran nada para evitarla y que considera «un inaceptable ataque a la imparcialidad e independencia del juez».
Si bien la querella no ha podido ser admitida a trámite porque el juez fijó una fianza de 12.000 euros para que los querellantes pudieran ejercer la acusación popular que no ha sido constituida, el fiscal recuerda en su informe que aún así el Juzgado ha iniciado diligencias previas en un «claro y generoso trato de favor a la tutela judicial efectiva».
LOS QUERELLANTES:»ES UNA MANIOBRA POLÍTICA»
La Asociación de Senegaleses de Mallorca, la de Drets Humans de Mallorca y los sindicatos UGT y Confederación General de Trabajo de Baleares (CGT), los querellantes, han criticado la «maniobra política» ejercida por la Fiscalía al pedir el archivo de la causa, lo que a juicio de las cuatro entidades persigue «proteger» a los responsables de la Conselleria de Salud querellados e «impedir que se investiguen los hechos».
En un comunicado remitido este jueves 21 de noviembre, las asociaciones expresan su rechazo ante la postura del Ministerio Público, que acusa a los querellantes de actuar «con fines políticos» y niega que Alpha Pam fuese víctima de una desasistencia médica. «La Fiscalía, mientras acusa a unas entidades sociales como las nuestras, intenta disimular su maniobra (esta vez sí) política de proteger a los cargos del Govern, exculpando a los responsables políticos de la Conselleria de Salud», inciden los querellantes.
«VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS»
Tal y como manifiestan en esta línea, el «inusitado interés de unos y otros de proteger a los presuntos responsables de una vulneración grave de los derechos humanos (…) nos hace pensar en que los intereses en juego en este caso son muy sensibles».
De hecho, además de la actitud de la acusación pública, expresan su disconformidad con parte de las resoluciones judiciales dictadas por el juez instructor de las pesquisas, Pedro Barceló, como la imposición de una fianza de 12.000 euros para que puedan ejercer acciones penales contra el conseller Martí Sansaloni y otros altos cargos -decisión recurrida ante la Audiencia Provincial de Baleares- y la inadmisión de los escritos presentados por los querellantes, lo que «nos aparta del procedimiento y nos lesiona el derecho de poder demostrar y justificar la condición de esta parte».
Las entidades, asistidas en esta causa por el letrado Pablo Alonso de Caso, expresan del mismo modo su «sorpresa» ante el escrito que presentó recientemente ante el Juzgado la representación legal de la familia de Alpha Pam puesto que, «más allá de defender los intereses de la familia, exculpa a los querellados y carga contra nuestras entidades, rebatiendo nuestros argumentos y mostrándose conforme con la fianza que el juez nos ha impuesto», además de afirmar que los querellantes no se han puesto en contacto con los familiares para contrastar los hechos.
Al respecto, los querellantes aseveran que, a pesar de que el ejercicio de la acción popular «no tiene por qué depender directamente de la voluntad de la familia», los hechos relatados en la querella «se redactaron basándose en el testimonio directo de los familiares en Mallorca y testigos más directos de la atención sanitaria que recibió Alpha». Es más, señalan que el presidente de la Asociación de Senegaleses, Madiop Diagne, se entrevistó con la familia sanguínea de Pam, con sus padres y hermanos, el pasado 6 de julio para informarles de sus actuaciones.
«Queremos manifestar que, a pesar de la sorprendente actuación de la representación legal de la familia y de la Fiscalía, así como de las demás dificultades que estamos encontrando en la instrucción de la querella, nuestra voluntad de seguir adelante está cada día más firme»,
recalcan las entidades que, además de querellarse contra Sansaloni, también lo hicieron contra el director general de Salud Pública y Consumo, Luís Rafael Santiso, el director del Servei de Salut, Miquel Tomàs, y el exdirector de la Fundación Hospital Comarcal de Inca, Fernando Navarro, quien fue cesado a raíz de estos hechos.
Y es que, tal y como subrayan,
«la única razón que nos mueve, desde el máximo respeto a la familia de Alpha Pam, al juez instructor y al resto de las partes, además de que se investiguen los hechos y se depuren las responsabilidades por las actuaciones de las personas querelladas, es el respeto de los derechos humanos, que día a día se siguen vulnerando, por la aplicación de las leyes racistas y por los recortes despiadados de los derechos básicos, como la asistencia sanitaria, ejecutados por políticos sin principios éticos y sin alma».
COBRO INDISCRIMINADO
En su querella, el letrado que asiste a las anteriores entidades señalaba cómo los hechos «germinaron» a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012, que «supuso la exclusión de los ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular del sistema nacional de salud», excepto en supuestos especiales en los que «prima sobre cualquier otra cuestión el derecho a la vida y a la integridad tanto física como psíquica».
En el caso de las islas, señala que los querellados, de forma «arbitraria, conjunta y preconcebida», implantaron «burdamente» un sistema sanitario a los extranjeros no autorizados como residentes, estableciendo un mecanismo de cobro automático e «indiscriminado» por el «mero hecho de que carecieran de tarjeta sanitaria, sin tener en consideración si dichos extranjeros tenían derecho a la asistencia gratuita» o por encontrarse en uno de los supuestos especiales de la anterior Ley.
LOS HECHOS QUE PRECEDIERON A LA MUERTE DE ALPHA PAM
En este estado de cosas, apunta a «uno de los casos más graves y deplorables ocurridos a consecuencia de la maquinación fraudulenta impuesta por los querellados», en alusión a la muerte de Alpha Pam, que «no es un caso extraordinario y excepcional, sino que es el más trágico de los que han acontecido hasta la fecha y que, de no haber actuado los querellados de forma arbitraria, se hubiera evitado».
Fue el pasado 23 de febrero cuando Pam acudió al centro de salud de Can Picafort acompañado de su amigo Kalidou cuando le derivaron al hospital de Inca para que le realizaran una valoración y radiografía del tórax con la finalidad de confirmar o descartar el contacto con tuberculosis ante la sintomatología que presentaba.
Así, el día 28 acudieron al centro hospitalario con la hoja de derivación de Atención Primaria de Can Picafort, en la que la facultativa adscrita a este centro hizo constar «juicio diagnóstico contacto con tuberculosis» así como «plan de actuación derivo a urgencias del hospital comarcal de Inca para ‘rx tórax’ y valoración, ya que ha habido brote de ‘tbc’ (tuberculosis) en Can Picafort y sospechamos que éste sea el caso primario».
PRUEBA MÉDICA DE CINCO MINUTOS Y DIAGNÓSTICO DE BRONQUITIS
A pesar de ello, la querella asevera que le fue denegado el acceso a urgencias por carecer de tarjeta sanitaria en el departamento de admisión. Días después, debido al empeoramiento de la salud del afectado, acudió de nuevo al hospital el 5 de abril, donde su amigo, «con contundencia y vehemencia», requirió al centro para que le atendieran, viéndose obligado a «chillar por la pasividad que el centro de salud mantenía ante el estado de salud del señor Pam y que le causaba una gran impotencia».
El centro decidió así admitirle, no sin antes cumplimentar el compromiso de pago, donde tuvo que esperar más de 40 minutos hasta que fue atendido. Según la denuncia, la asistencia médica duró apenas cinco minutos -previamente se le denegaron la radiografía del tórax que se le debía realizar-, siéndole diagnosticada una bronquitis. Días después y «de nuevo desesperadamente» ante el empeoramiento de su estado de salud, acudió al centro hospitalario pero se le denegaron las pruebas que le habían prescrito en Can Picafort.
Poco después, el 21 de abril, Pam falleció en su domicilio de Can Picafort. Los resultados de la autopsia que se le practicó confirmaron que murió por tuberculosis.
BAUZÁ ESTÁ CONTENTO
El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, se ha mostrado mientras tanto satisfecho después de la decisión del fiscal.
En declaraciones a los medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo balear ha señalado que la sentencia ha sido «contundente», al tiempo que ha reiterado el «máximo respeto» a las decisiones judiciales.
Para Bauzá, la decisión del fiscal «es otra constatación más de la judicialización política» por parte de los grupos de la oposición, que, según ha señalado,
«cuando algo no le gusta algo, en vez de compartirlo o no, directamente se van a los tribunales».
«La decisión del fiscal no ha sido nada más que lo que estamos acostumbrados a ver; que es la judicialización de toda la actividad política por parte de la oposición».
Por último, el presidente ha dicho que el Govern se va a reunir todas las entidades y ONGs que lo soliciten, de cara a «mejorar las circunstancias y la situación en nuestras islas».
