"Los querellantes no persiguen descubrir la verdad sino instar una causa general"
El juzgado número 2 de Palma ha archivado este jueves 23 de enero de 2014 la querella interpuesta por varias entidades contra el conseller de Salud, Martí Sansaloni, y tres altos cargos de su departamento por la muerte por tuberculosis del senegalés Alpha Pam, que carecía de tarjeta sanitaria y no fue diagnosticado correctamente.
El juez Pedro Barceló ha sobreseído la querella planteada por Derechos Humanos de Mallorca, el sindicato CGT y la Asociación de Senegaleses de Mallorca, que acusaba a cúpula de Salud de homicidio imprudente, entre otros delitos.
Los querellados eran Sansaloni, el director general de Salud Pública y Consumo, Rafael Santiso; el gerente del Ib-Salut, Miquel Tomàs, y el director del hospital de Inca cuando sucedieron los hechos, Fernando Navarro.
Las circunstancias de la muerte del inmigrante senegalés, que fue objeto de una fuerte controversia política porque se le había retirado la tarjeta sanitaria por residir sin permiso en España, están siendo investigadas por un juzgado de Inca.
EL JUEZ REPRENDE A LOS ABOGADOS
En el auto de sobreseimiento, el magistrado reprende a los abogados que presentaron la querella, Pablo Alonso y Antonio Lázaro, por poner en duda públicamente su dedicación profesional y propiciar una manifestación en su contra ante los juzgados de Palma.
Al entender que ambos letrados «faltan a la ética profesional» y vulneran varias normas que rigen el ejercicio de la abogacía, el juez Barceló insta al Colegio de Abogados de Baleares a abrirles un procedimiento disciplinario y sancionarles.
En cuanto al archivo de la denuncia por denegación de prestación pública, prevaricación, coacciones y homicidio imprudente, que habían pedido también la Fiscalía y la representación procesal del padre de Alpha Pam, el juez entiende que «carece de rigor probatorio» la afirmación de que la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes «sin papeles», decretada por el Gobierno central, causó la muerte de Pam.
«Ni tan siquiera se propone en la querella la declaración de las personas directamente afectadas por las conductas denunciadas ni se aporta alguna prueba directa relevante sobre la que basar los hechos denunciados»,
apunta Barceló.
«NO PERSIGUEN DESCUBRIR LA VERDAD»
El juez, que expresa su coincidencia con la idea de la Fiscalía de que los querellantes no persiguen descubrir la verdad sino «instar una causa general contra los altos cargos de la Conselleria de Salud», expresa su extrañeza porque la querella no se planteara ante el juzgado de Inca que investiga la muerte del inmigrante.
Precisa que aunque entiende que tampoco cabe a los denunciantes pedir sanciones por un presunto delito de revelación de secretos del que no son parte perjudicada, habrá que esperar a que la Audiencia resuelva la impugnación de la fianza de 3.000 euros que impuso el juez para determinar si se admite su personación y puede, por tanto, recurrir el sobreseimiento.
Respecto al resto de presuntos delitos archivados, Derechos Humanos de Mallorca, el sindicato CGT y la Asociación de Senegaleses de Mallorca tienen tres días para recurrirlos.