Se eleva al Pleno del Congreso

La reforma del Estatuto de Castilla La-Mancha estará en vigor en dos meses

Los 'populares' se oponen una vez más a que se someta al recurso previo de constitucionalidad, como exige el PSOE

La reforma del Estatuto de Castilla La-Mancha estará en vigor en dos meses
El mapa de España, con Castilla La-Mancha en el centro. PD

La reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha con el objetivo de reducir el número de diputados autonómicos ha dado este miércoles su penúltimo paso en el Congreso, antes de ser elevada al Pleno de la Cámara, con el apoyo en solitario del PP y el rechazo de buena parte de la oposición, que ha calificado la iniciativa de «pucherazo electoral», «atraco a la voluntad popular» o «atentado al pluralismo político», entre otros adjetivos.

La reforma estatutaria auspiciada por la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, establece una reducción del número de diputados de las Cortes regionales hasta un intervalo de entre 25 y 35 parlamentarios, frente a la vigente horquilla de 47 a 59 diputados.

TIENEN MIEDO DE LA PRESIDENTA

Precisamente, el diputado del PSOE por Toledo Alejandro Alonso ha advertido de que los diputados del PP sólo apoyan esta reforma porque está impulsada por Cospedal, a quien «tienen miedo» por las «represalias» que pudiera tomar contra ellos como secretaria general del partido.

Alonso ha calificado como «vergüenza» esta iniciativa y ha recordado que es la única reforma estatutaria que va a ser aprobada con el apoyo de un solo grupo parlamentario. En la Comisión Constitucional, el texto ha recibido el apoyo de los 23 diputados del PP y el voto en contra de 16 diputados de los demás grupos parlamentarios, además de la abstención de los dos diputados de CiU.

El diputado socialista ha resumido la reforma como un intento de «manipulación política» de Cospedal, que preside una comunidad autónoma en la que «está políticamente hundida, recibe el desprecio de los ciudadanos y sabe que no ganará las próximas elecciones si no hace una reforma a su medida».

El portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, Ramón Jáuregui, ha recurrido a su experiencia en otras reformas estatutarias y ha advertido de que en todas ellas se dieron tres circunstancias: procedían de un amplio consenso parlamentario en la Cámara autonómica, respondían a una demanda de mejora del autogobierno y venían sometidas a la Constitución.

«JIBARIZACIÓN» DE LAS CORTES

Así, dado que la propuesta de Castilla-La Mancha «no cumple con ninguno de estos tres supuestos», ha rechazado la «jibarización» de su Parlamento y ha advertido de que las funciones de una Cámara no pueden ser ejercidas con una representación de diputados menor a la de muchas diputaciones españolas o incluso los consejos municipales de varias ciudades.

Todos los grupos de la oposición han coincidido además en mostrar sus dudas respecto a la constitucionalidad de esta reforma del Estatuto. Y Jáuregui ha ido más allá al avisar del «choque de legitimidad política» que puede producirse si la reducción de diputados entra en vigor, se celebran elecciones autonómicas con la nueva horquilla de parlamentarios y después es suspendida por el Tribunal Constitucional.

Por ello, ha pedido que el texto se someta al recurso previo de inconstitucionalidad que se encuentra en tramitación en el Congreso e incluso ha presentado una enmienda adicional –que ha sido rechazada junto a las demás propuestas de modificación– para que la reforma no entrase en vigor hasta que esté en marcha ese recurso previo ante el Tribunal Constitucional.

Al finalizar la Comisión también se ha mostrado su protesta el secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha denunciado que «por cada millón en Suiza de Bárcenas, menos diputados busca Cospedal» en las Cortes autonómicas. «Cómo deben ver las cosas y cómo deben estar de nerviosos para verse en la necesidad de pegar este tajo», ha denunciado.

NECESIDAD DE AUSTERIDAD

Todos estos argumentos han sido rechazados por el diputado del PP Agustín Conde, quien ha asegurado que los ‘populares’ están muy satisfechos con el nuevo texto estatutario, que será aprobado por el Congreso previsiblemente en el Pleno del 13 de marzo y «entrará en vigor en dos meses».

El diputado por Toledo ha enmarcado la reducción de diputados en una necesidad de «austeridad» de las administraciones públicas y ha defendido que es «plenamente legal y constitucional». Según ha sostenido, la calidad de una Cámara legislativa no puede valorarse en función del número de diputados que la componen, sino de las decisiones que en ella se adopten.

Además, ha recurrido a los datos en su respuesta y ha explicado que, con la reforma, Castilla-La Mancha tendrá un diputado por cada 60.000 habitantes cuando en Andalucía la proporción es de un parlamentario por cada 77.000. «¿Lo que en Andalucía es bueno no lo es en Castilla-La Mancha?», ha preguntado insistiendo en que la calidad democrática de una región «no tiene nada que ver» con la proporción entre diputados y habitantes.

Mientras, el portavoz de Izquierda Plural, Cayo Lara, ha rechazado que se deba a un problema económico, ya que ha cuantificado el ahorro en menos de dos millones de euros anuales, y ha acusado al PP de querer «limitar el pluralismo político y el control democrático» al Gobierno regional.

«No sé si la siguiente propuesta será disolver las Cortes, disolver la autonomía y que el Gobierno nombre un gobernador en cada provincia –ha ironizado el líder de IU–. Ya nos podemos pensar cualquier cosa».

PORCENTAJE DEL 13% PARA ACCEDER AL PARLAMENTO

Además, el portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Carlos Martínez Gorriarán, ha denunciado que se está vulnerando el derecho al sufragio activo y pasivo de los ciudadanos porque la reducción de diputados elevará el porcentaje de votos que necesitará un partido político para poder entrar en el Parlamento, hasta el 13 por ciento.

También el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha censurado que no existe «ninguna justificación seria» para esta reforma y la ha achacado a la voluntad «constante» del PP defender en las comunidades autónomas «sus propios intereses»:

«Es un atraco a la voluntad popular».

Aunque respeta tradicionalmente la voluntad de las cortes autonómicas, CiU ha declinado dar su apoyo y se ha decantado por la abstención por la falta de consenso de la reforma y la «baja calidad» que acarreará en la representación del pluralismo político en la región, según ha explicado su diputado Jordi Xuclá. El PNV, directamente, ha renunciado a estar en el debate.

 

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