Seis Comunidades autónomas, las de Aragón, Asturias, Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León, han aprobado una Declaración Institucional por el Cambio Demográfico, en la que, entre otras cosas, piden al Gobierno de la nación «una nueva ponderación de las variables de densidad, dispersión, envejecimiento y población protegida en la revisión del sistema de financiación autonómica».
En una rueda de prensa, consejeros de cada una de las Comunidades autónomas han subrayado que el coste de la prestación de los servicios públicos básicos se encarece ante las variables señaladas, a pesar lo cual el modelo actual «potencia mucho la población, casi en exclusiva» y esos otros aspectos «se tienen poco en cuenta», ha explicado el consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez.
«El modelo actual no nos gusta», ha aseverado al respecto, si bien los consejeros han aclarado que esta petición «no es contra nadie, sino a favor de los ciudadanos», especialmente los del medio rural, ha agregado el consejero de Presidencia de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez.
