El exdirector general de Caja Castilla La Mancha (CCM) Ildefonso Ortega ha reconocido este lunes, 10 de marzo de 2014, ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que los responsables de la entidad no midieron «correctamente» el alcance del problema «que se les vino encima» y que desembocó en la intervención de la caja, han informado fuentes jurídicas.
Ortega, que ha declarado por segunda vez como imputado en la causa que investiga presuntas irregularidades cometidas en la entidad, ha puesto, además, de manifiesto que en 2009, cuando se produjo la quiebra, no existía la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como ‘banco malo’.
El exdirector general de CCM ha precisado que si hubieran contado con la Sareb, el resultado hubiera sido otro, dado que la sociedad hubiera absorbido todos los activos tóxicos con los que contaba la caja evitando así la intervención.
Ruz ha interrogado este lunes a Ortega a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado ya le tomó declaración en febrero de 2011. Está acusado junto con el expresidente de la caja y exdiputado socialista, Juan Pedro Hernández Moltó, de presuntos delitos de administración desleal, negativa o impedimento a los socios del ejercicio de sus derechos, falsedad contable y falsedad en documento mercantil.
Moltó y Ortega fueron destituidos de sus cargos por el Banco de España tras la intervención de la entidad que tuvo lugar el 29 de marzo de 2009 y al advertir las presuntas irregularidades derivadas de su gestión.
Ruz amplió posteriormente la investigación e imputó la comisión de un delito de administración desleal a siete miembros de la Comisión Ejecutiva en el periodo comprendido entre el mes de julio de 2007 y marzo de 2009, al considerar que la aprobación por parte de este órgano directivo de «operaciones singulares» contribuyó a causar a la entidad un agujero de 267 millones de euros.
En la causa se investigan una veintena de préstamos y operaciones crediticias presuntamente irregulares llevadas a cabo por la caja. En un auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 el pasado mes de enero, el juez solicitaba información sobre los créditos que la entidad concedió en 2007 y 2008 a las sociedades Luis Portillo-Inmobiliaria Colonial, Naropa-Fermoselle (Kopan Cartera), T-Solar Global y Renovalia, así como a las empresas del Grupo Lábaro Whitness Investment Group, Residencial Picón, Sersan Integral y Simcar Proyectos.
Todas ellas, según un informe elaborado por peritos del Banco de España, podrían ser «contrarias a la normativa bancaria y mercantil», por lo que su aprobación podría haber causado un «perjuicio» a la entidad financiera.
MAGNITUD PARA LA ECONOMÍA NACIONAL
Ruz comenzó a investigar los hechos tras admitir a trámite una querella presentada por el exfiscal Ignacio Gordillo en representación del PP en el año 2010. Indicó entonces que el rescate de la Caja evidenció «de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad mercantil», así como la existencia de suficientes indicios de un presunto delito defraudatorio contra una «generalidad de personas» afectadas por el «perjuicio patrimonial», como son «los depositantes y los acreedores» de la caja de ahorros.
El Consejo de Ministros aprobó el 29 de marzo de 2009 en una reunión de urgencia la intervención de la caja manchega, que fue la primera en ser nacionalizada con un rescate de 9.000 millones de euros. Moltó y Ortega fueron destituidos de sus cargos por el Banco de España por las presuntas irregularidades derivadas de su gestión.
