La trayectoria de la ex ministra de Fomento ha seguido una estela ascendente a pesar de su propensión natural a crearse problemas donde no los hay, sólo comparable a su afición por las travesías aéreas
La juez de los ERE, Mercedes Alaya, responsabiliza a Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía, exministra y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por las ayudas concedidas entre 2001 y hasta el 31 de diciembre de 2003 con cargo a la partida de la Junta de Andalucía investigada por la magistrada y que considera origen de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo.
Por esta razón ha impuesto a Álvarez una fianza civil de 29.568.129 euros, nueve meses después de su imputación en el caso.
También fija la responsabilidad de su exviceconsejero José Salgueiro en 22 millones y la del secretario general y coordinador de presupuestos Antonio Estepa en ocho millones.
La dureza de este auto de Alaya no tiene precedentes en los tres años de investigación, ya que incluye una frase que avanza una supuesta condena para reforzar la carga incriminatoria que le achaca a Álvarez y sus dos antiguos subordinados, un paso inédito en la prosa de la juez.
«Cabe deducir la probabilidad cierta de que pudieran ser condenados en un futuro por los hechos que hoy se investigan».
Pero, como escribe A.R. Vega en ‘ABC‘ este 13 de marzo de 2014: «Ni partía ni doblá».
La trayectoria de la exministra de Fomento Magdalena Álvarez (San Fernando, Cádiz, 1952) ha seguido una estela ascendente a pesar de su propensión natural a crearse problemas donde no los hay, sólo comparable a su afición por las travesías aéreas.
Siendo consejera andaluza de Hacienda (lo fue desde 1994 a 2004 con Manuel Chaves), protagonizó un sonado escándalo que a punto estuvo de costarle el puesto cuando salió a la luz que había solicitado 444 billetes gratis como consejera de la extinta compañía aérea Aviaco.
Pero la correosa consejera, que se ganó el título burlón de «lady Aviaco», salió indemne del envite y jamás dio explicaciones en el Parlamento andaluz.
Tras meter a Chaves en otro jardín con su fracasado empeño de crear una caja única en Andalucía, el expresidente andaluz la recomendó como ministra.
Tras su controvertido paso por el Gobierno de Zapatero, donde en tres años (2006/09) utilizó 114 veces el transporte aéreo militar, salió elegida eurodiputada del PSOE en 2009 con un sueldo de 7.500 euros al mes y otro tanto para asistentes y dietas.
Los pasillos parlamentarios de Bruselas y Estrasburgo pronto se le quedaron pequeños a esta política de altos vuelos, que logró su primer contrato en 1979 como inspectora de Finanzas del Estado.
La siguiente escala fue la Vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones en julio de 2010 sustituyendo a Carlos Da Silva Costa.
Un destino dorado en el paraíso fiscal de Luxemburgo que consiguió a pesar de su caótica gestión durante los temporales que azotaron en España. Su nómina (22.963 euros al mes) la mantiene a salvo de las estrecheces de la crisis.
Al salario base, que triplica el PIB per cápita luxemburgués, hay que sumarle dietas por alojamiento que equivalen al 15% de su sueldo y 991 euros al mes como gastos de representación. La declaración de bienes que difunde el banco da prueba de su desahogada situación económica.
Tiene a su nombre cuatro pisos repartidos por cuatro ciudades (Sevilla, Madrid, Estepona y Málaga), una casa en Benalmádena y siete aparcamientos, de los que podría verse desprovistos si prospera la imputación de Alaya.
Su gestión como promotora del sistema de los ERE ha dejado una estela de turbulencias que sigue sin aclarar.
Con todo, la exministra disfruta de un privilegiado tren de vida del que no está dispuesta a apearse. Pero la juez Mercedes Alaya, incisiva y correosa como ella, no se lo va a poner fácil.
