La ex ministra de Fomento socialista gana casi 23.000 euros al mes

Magdalena Álvarez gana al año el mismo salario que el presidente de EEUU

Dirigentes socialistas creen que Mercedes Alaya «prevarica», la llaman «superjuez» e ironizan con que es «justiciera»

Magdalena Álvarez gana al año el mismo salario que el presidente de EEUU
Magdalena Alvarez. EFE

El PSOE monta una campaña nacional de acoso y derribo contra la juez del caso ERE andaluces

Podrá quejarse de trabajar duro, o no, pero en ningún caso de su sueldo.

En estos tiempos de crisis Magdalena Álvarez cobra una nómina como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de 22.963 euros al mes, solo al alcance de importantes directivos de empresas de alto nivel.

Para dar una idea más clara de qué supone esa cantidad basta recordar que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, gana 6.500 euros al mes; el premier británico, David Cameron, unos 14.700 y la todopoderosa canciller Angela Merkel 17.000. Incluso, el presidente de EEUU, Barack Obama, tiene un salario muy similar al suyo, si se tienen en cuenta todos los ingresos de la exministra.

Y es que al salario base de Álvarez hay que sumarle dietas por alojamiento que equivalen al 15 por ciento de su sueldo y 991 euros al mes como gastos de representación. En total, unos 300.000 euros anuales, 50 millones de las antiguas pesetas.

Claro que siempre podrá alegar que cobra menos que otro distinguido correligionario como Joaquín Almunia, comisario europeo de la Competencia, quien se lleva más de 24.000 euros al mes de salario base, según los últimos datos difundidos por la Unión Europea.

Con ese sueldo no es de extrañar la declaración de bienes de Magdalena Álvarez que difunde el banco en el que trabaja, y que confirma su desahogada situación económica. Así, tiene cuatro pisos repartidos por otras tantas ciudades españolas (Sevilla, Madrid, Estepona y Málaga), una casa en Benalmádena y siete aparcamientos. De los pisos, dos los tiene en alquiler -los de Sevilla y Málaga- y aún está pagando la hipoteca de los de la capital hispalense y Estepona.

CAMPAÑA DE ACOSO Y DERRIBO

El PSOE reaccionó este 13 de marzo de 2014 a la imposición de una fianza civil de 29 millones de euros a la exministra socialista Magdalena Álvarez lanzándose en tromba contra la juez instructora del caso de los ERE fraudulentos de Andalucía y firmante del auto, Mercedes Alaya, a la que dirigieron un duro ataque en el que no faltaron insinuaciones de «prevaricación» y de un «afán justiciero» por «abrir una causa general» contra el Partido Socialista.

Como subraya Laura L. Caro en ‘ABC‘, la estrategia es repetida. Con ocasión de la primera imputación en julio de 2013 de la que fuera consejera de la Junta andaluza entre 1994 y 2004, -luego revocada-, y después con la «preimputación» de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el cierre de filas del PSOE desembocó ya en el acoso y tentativa de derribo de la magistrada. Intensas han sido también las presiones para que concluya la investigación.

La persecución ha alcanzado incluso el ámbito de lo personal, cuando Alfonso Guerra llegó a insinuar a finales de 2011 una supuesta vinculación de la juez con el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.

«Espantá» de Rubalcaba

Como en veces anteriores, el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, evitó ser quien protagonizara la ofensiva.

El miércoles no se pronunció y ayer no acudió al pleno que se celebró durante toda la jornada en la Cámara Baja. Sí lo hizo su portavoz parlamentaria y miembro de la dirección federal, Soraya Rodríguez, que fue la encargada de difundir el veredicto -«creo firmemente en la inocencia de Magdalena álvarez», sentenció-y de cuestionar insistentemente la decisión de la juez.

«El auto es un tanto sorprendente, -dijo- y eso no sólo por la cuantía de la fianza, sino porque se produce en un momento en que el juzgado que lo dicta está a la espera de una decisión de la Audiencia Provincial», que tiene pendiente resolver el recurso presentado por la exminsitra contra su (segunda) imputación.

«Ya fue desimputada una vez».

Y en descargo de su compañera de partido, Soraya Rodríguez puso de relieve que Álvarez no está señalada por «apropiación personal de ningún dinero, sino por legislar, por actuar en el ejercicio de sus competencias presupuestarias».

La juez Mercedes Alaya considera a Magdalena Álvarez artífice, junto a otros de un «procedimiento ilegal de concesión de subvenciones» que se prolongó entre 2000 y 2011, a cuyo amparo habría sido posible la trama de los EREs. El auto añade que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos.

También que las fianzas -que incluyen una de 22 millones para el viceconsejero de Hacienda de Álvarez y otros 8,8 para quien fuera secretario general técnico de su Consejería- se calcularon siguiendo el principio de proporcionalidad en su triple vertiente de «gravedad, necesariedad e idoneidad».

«Destrozando inocentes»

Los mensajes más graves contra la magistrada se los repartieron, no obstante, Manuel Chaves y el portavoz socialista de Justicia en el Congreso, Julio Villarrubia. El primero recuperó el argumento clásico del PSOE de que Alaya trata de hundirles haciendo coincidir milimétricamente sus imputaciones y autos con los momentos importantes del partido.

«Seguramente de aquí al 25 de mayo nos vamos a encontrar con decisiones tan espectaculares como la que afecta a Magdalena Álvarez y otros compañeros de la Junta de Andalucía», avanzó, al tiempo que lamentó que «la jueza, en su afán justiciero de abrir una causa general, está destrozando el honor y la profesionalidad de personas inocentes».

Villarrubia fue más allá y volvió a traer a cuenta otro clásico de la campaña del PSOE contra la juez como es la sombra de la prevariación. «Me parecen un despropósito algunos de los autos de esta superjuez -dijo en los pasillos del Congreso- desde el punto de visto jurídico, no se sujeta ni se sostiene por ningún lado. A veces se cometen errores clarísimos que no sé si rayan la prevaricación».

El diputado y líder del PSOE de Castilla y León añadió que le parece «absolutamente correcto» que Álvarez continúe al frente de la Vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), responsabilidad que la convierte en el cargo más alto de la lista de imputados por los ERE.

Desde CiU estimaron ayer que sí debería «dar un paso atrás» en ese órgano por sus «evidentes implicaciones» en el caso de los ERE mientras que la líder de UPyD, Rosa Díez, pidió su dimisión por entender que lo contrario supondría «un daño al sistema democrático, a la imagen de España y a la institución».

 

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