Extremadura ha acordado con el Gobierno la devolución de la llamada deuda histórica, la compensación del Estado por el déficit con el que fueron transferidas competencias a la comunidad.
El Ejecutivo del presidente autonómico, José Antonio Monago, ha acordado con el Ministerio de Hacienda el pago de 430 millones de euros a lo largo de cuatro años. Así lo ha anunciado este martes el barón popular en el último debate sobre el estado de la región de esta legislatura.
Monago, que sigue manteniendo un exacerbado pulso por la mejora de la financiación con Cristóbal Montoro, firmará en julio un acuerdo con el titular de Hacienda.
«Les exigimos 430 millones de euros al Gobierno de España y les anuncio que la deuda histórica con Extremadura será de 430 millones de euros, sin solares, todo en dinero», ha afirmado ante la Asamblea regional.
El Gobierno extremeño ha detallado a qué dedicará esos ingresos: «330 millones de euros los destinaremos a financiar iniciativas como nuestro Plan Estratégico de Competitividad, nuestra Estrategia de Industrialización o el Plan Director de Política Económica del Gobierno de Extremadura, entre otras».
Monago se ha comprometido, además, a emplear 50 millones «en terminar el Hospital de Cáceres en los próximos tres años» y «a destinar otros 50 millones de euros de la deuda histórica para la puesta en marcha de 18.000 hectáreas de regadío».
El barón rojo del PP, que ha impulsado una política fiscal que contradice la hoja de ruta de Mariano Rajoy, ha anunciado también una rebaja de impuestos de 26 millones que, ha proclamado, afecta a «todos los extremeños».
Se trata de «la supresión total del canon del agua», que en 2015 se reducirá en un 50% y en 2016 dejará de pagarse, la rebaja de impuestos» a las nuevas empresas que se instalen en Extremadura y a las que realicen nuevas inversiones o ampliaciones» y la supresión progresiva del céntimo sanitario a partir de 2015.
Monago, que gobierna con el apoyo de Izquierda Unida, ha ofrecido a la oposición cuatro pactos sobre la estrategia de Industrialización de Extremadura; la «retención, recuperación y captación del talento», a través de ayudas y becas; sobre la ley de transición de Extremadura, para «regular las obligaciones y límites a las que deberá estar sujeto un Gobierno en funciones de cara, no solo a efectuar un ordenado y leal traspaso de poderes, sino a facilitar el proceso de formación del nuevo Gobierno; y por último, hacer frente común ante el Ejecutivo de Rajoy para mejorar la financiación y proponer, por ejemplo, «que en el próximo modelo se habilite una financiación preferente para todas aquellas comunidades autónomas con más de un 30% de paro».
