UN CODIGO ETICO PARA PROTEGER A LOS PARLAMENTARIOS

El Parlamento extremeño denunciará ante la Fiscalía las amenazas a los diputados en la red

Los grupos parlamentarios de PP, PSOE, IU y PREX-CREX están de acuerdo con la propuesta

El Parlamento extremeño denunciará ante la Fiscalía las amenazas a los diputados en la red
La batalla por la neutralidad en Internet. IT

El Parlamento de Extremadura creará un grupo de trabajo, integrado por los cuatro portavoces de los grupos parlamentarios, para estudiar la creación de un código ético que proteja a los diputados de las «barbaridades» que se publican en las redes sociales y que puedan quebrantar la legislación vigente.

Explica Carmen Hidalgo en ‘El Periódico de Extremadura’ que, además, establecerá sanciones económicas para los parlamentarios que realicen comentarios que puedan ser constitutivos de delito de acuerdo con la ley –entre los propios diputados o de los diputados hacia los ciudadanos– más allá de las que se derivan de la vulneración de las leyes.

A través de este código, será la propia Cámara autonómica la que denuncie ante la Fiscalía o los juzgados de guardia las calumnias y las amenazas que reciban los parlamentarios.

De esta forma, los grupos políticos extremeños tendrán la máxima protección institucional en la red que pueda tener cualquier otro diputado en España.

Así lo anunció ayer el presidente del Parlamento extremeño, Fernando Manzano, tras reunirse con los portavoces de PP, PSOE, IU y PREX-CREX, quienes se mostraron «de acuerdo con la propuesta», al considerar que es «de sentido común» y que se debe «ponerle freno al desenfreno».

Manzano aseguró que esta decisión ha estado influenciada por las «barbaridades» que se han escrito en las redes sociales durante los últimos días, a raíz de la moción de censura presentada por el secretario general del PSOE, Guillermo Fernández Vara, y por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco.

Asimismo, explicó que durante la próxima reunión en junio de la Comisión de Reforma del Reglamento de la Cámara propondrá la creación de este grupo de trabajo, que lo coordinará personalmente, para que exista un «funcionamiento en las redes sociales con respeto a los miembros de la Cámara legislativa».

Según Manzano, «en el reglamento interno debe estar reflejada también una normativa que regule las cuestiones y haga respetar las diversas difamaciones y barbaridades que se están escribiendo».

SANCIONES

Las propuestas de sanciones, que hasta el momento no se han cuantificado, las realizará la Comisión del Estatuto del Diputado y «el límite lo tiene que establecer el código».

De tal manera, apuntó Manzano, que «se proponga y se apruebe en el seno de la Cámara legislativa, al margen de la legislación vigente, y en la nómina del mes siguiente del parlamentario tenga la detracción económica oportuna al respecto».

Por su parte, los parlamentarios deberán comprometerse a través del código, y entre otras cuestiones, no solo al cumplimiento de las normas que se fijen entre todos en el grupo de trabajo, sino también a denunciar conjuntamente como integrantes del parlamento una serie de supuestos.

En primer lugar, cualquier ataque o difamación a cualquier diputado de carácter ofensivo, ilegal, discriminatorio, racista, fraudulento, engañoso o que lleven a equívoco. A su vez, cualquier comentario que impute delitos y todas aquellas expresiones que puedan ser calificadas como constitutivas de injurias o calumnias. Y en general, cualquier referencia que viole las leyes.

«Todos los parlamentarios tenemos que dar ejemplo de comportamiento ético en todos los niveles», subrayó Manzano, quien matizó que tampoco permitirá «que ningún ciudadanos le falte al respeto a alguien que represente a todos los extremeños».

Las redes sociales, entre las que destacó Twitter y Facebook, «se están utilizando de manera que va en contra del decoro, de la cortesía, del respeto y de la consideración entre parlamentarios y de parlamentarios a los ciudadanos».

En esta línea, el presidente del Parlamento extremeño manifestó que es necesario poner «coto y orden» a esta situación, y que el código ético se tendrá que desarrollar «con base jurídica en la Cámara y respeto a las sanciones económicas si quien las produce son miembros».

 

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