La magistrada extiende sus pesquisas sobre el fraude de los ERE a la Cámara regional

La juez Alaya reclama al Parlamento andaluz todas las enmiendas al ‘fondo de reptiles’

También embarga dos piso una ex alto cargo de la Junta de Andalucia

La juez Mercedes Alaya, que instruye el caso de lo ERE fraudulentos, ha admitido en parte las peticiones de uno de los exdirectores de IDEA que solicitó que la juez pidiese al Parlamento las actas de los debates presupuestarios en las que se trataron las modificaciones presupuestarias y la asignaciones a la partida 31-L, bautizada por el exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero como «fondo de reptiles».

En un auto notificado este 28 de mayo de 2014, que ha estado en manos de Mercedes Benítez de ‘ABC‘, la juez acepta estas peticiones formuladas por el letrado Juan Carlos Alférez, y pide a la Cámara regional que «a la mayor brevedad posible aporte las copias de toda las enmiendas formuladas en relación a las leyes de presupuestos a la partida 31-L por todos los grupos parlamentarios desde 2002 a 2009».

Eso supone extender las pesquisas a todas las formaciones que han tenido representación en la Cámara regional.

La trascendencia de este auto es importante si se tiene en cuenta que Alaya considera que la comisión de Hacienda y Presupuestos había recibido todas las modificaciones del programa 31-L en el periodo 2001-2010.

Asegura que no existe motivo para poner en duda que el Parlamento recibía la información relativa a la cuenta general por parte de la Cámara de Cuentas. No acepta pedir todos los debates de presupuestos porque considera que está en el diario de sesiones de la Cámara regional.

Esto supone admitir en parte las tesis de algunas defensas de altos cargos que consideraban que el Parlamento estaba informado de todo lo que se aprobaba en los presupuestos y por tanto todo el dinero que iba a parar a la partida 31-L.

Además, pide a la Cámara de Cuentas la documentación que cada año remitía al Parlamento de Andalucia sobre la cuenta general de la Junta de Andalucía y al Parlamento la que cada año le remitía el Consejo de Gobierno sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos.

Así la instructora pide a la Cámara regional que «a la mayor brevedad posible aporte las copias de toda las enmiendas formuladas en relación a las leyes de presupuestos a la partida 31-L por todos los grupos parlamentario desde 2002 a 2009».

La juez no acepta sin embargo pedir todos los debates de presupuestos porque considera que está en el diario de sesiones de la cámara regional.

Esto supone admitir en parte las tesis de algunas defensas de altos cargos que consideraban que el Parlamento estaba informado de todo lo que se aprobaba en los presupuestos y por tanto todo el dinero que iba a parar a la partida 31-L.

 

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