Sindicatos y patronal cobraron 467.500 euros anuales por participar en el consejo del SAE, que se reunía entre 11 y 15 veces al año

La Consejería de Empleo andaluza pagaba 11.000 euros para CCOO, UGT y CEA por cada reunión

Reciben medio millón de euros sólo por ir a reuniones de Empleo

Como subraya mordaz Antonio R. Vega en ‘ABC‘, en la Andalucía de los 1.037.698 parados, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha estado pagando dietas a los sindicatos y la patronal por participar en su consejo de administración que no desmerecen al salario anual de un «mileurista».

Por asistir a cada reunión, el organismo dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo desembolsaba de media entre 11.000 y 13.000 euros a cada uno de los agentes sociales que participan en el consejo: la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Comisiones Obreras y UGT. La patronal cuenta con cuatro representantes en el consejo y otros tantos se reparten entre los sindicatos.

Estos datos resultan de dividir el volumen total de los «pagos realizados» con cargo a la partida «Participación Agentes Sociales en Consejo de Administración» por el número de reuniones celebradas del citado órgano en sus dos modalidades: pleno y comisión permanente.

Los abonos figuran en cada liquidación anual de los presupuestos del SAE, que en 2010, 2011, 2012 y 2013 contabilizó como gastos ejecutados por dietas la misma cuantía: 467.500 euros.

El dinero destinado para indemnizaciones permaneció invariable a pesar de que todos los años no se reunían con igual frecuencia.

Así, por ejemplo, en 2010 se celebraron cinco plenos del consejo y 6 reuniones de la comisión permanente. En 2011 fueron 15 reuniones en total. En 2012, los vocales de los sindicatos y la patronal se vieron 4 veces las caras en el pleno y 8 en la comisión.

Por último, el pasado año sólo participaron en ocho encuentros. El número de reuniones con el detalle de cada año fue facilitado por el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, a la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero el pasado 6 de marzo, quien formuló una pregunta sobre este asunto.

En la misma respuesta escrita, Sánchez señala que las actas de sus reuniones «no son publicadas en ningún medio por no estar previsto en la normativa» y niega que pague indemnizaciones a sus miembros, aunque los estatutos del Servicio Andaluz de Empleo estipulan «el derecho a percibir» estos pagos «por razón del servicio de la Junta de Andalucía».

Un «derecho» que el SAE ha cumplido religiosamente, como dejan patente sus cuentas.

El presidente del consejo de administración es el actual director-gerente del SAE, Antonio González Marín, presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en 2011, que está imputado en la causa del accidente ferroviario de Santiago.

El consejo cuenta con 18 vocales, la mitad de los cuales están en representación de la Junta de Andalucía.

UGT Andalucía criticó ayer Ruiz-Sillero por su «desconocimiento absoluto sobre el funcionamiento del SAE», después de que la diputada del PPcuestionara la gestión del citado consejo y la «opacidad» que rodean sus decisiones.

En una nota de prensa remitida a ‘ABC‘, el sindicato enumeró las funciones del consejo, que abarcan desde aprobar el anteproyecto de presupuestos (296 millones de euros en 2014) hasta elaborar los planes de empleo.

Asimismo, negó que tenga acceso a la bolsa de empleo del SAE, ya que esta figura «ni siquiera existe» o que decida sobre las ayudas a la formación, puesto que desde hace un año esta competencia reside en la Consejería de Educación.

Teresa Ruiz-Sillero aclaró que «en ningún momento ha puesto en entredicho la labor sindical», pero sí lamentó el «secretismo» que rodea este órgano. Se desconoce quiénes componen el consejo y qué decisiones toman puesto que las actas no son públicas, aseguró.

Además, cuestionó que «no se dé cabida a otras organizaciones sindicales o al PP, el partido más votado por los andaluces para conocer cómo se aplican las ayudas a los parados».

Como gesto de ejemplaridad, la portavoz del PP en la Comisión de Empleo pidió que a los agentes sociales que «renuncien a cobrar dietas, que están recogidas en el borrador de las cuentas que ellos mismos aprueban, y destinen esa cantidad a los desempleados».

 

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