Alega en el juicio que informó al Ministerio y que el dinero se iba reponiendo

La exalcaldesa socialista de Jerez mantiene que usó fondos del plan E para pagar 3.000 nóminas

El PP denunció el asunto tras ganar las elecciones de 2011 y calculó en 8,6 millones el posible descuadre

La exalcaldesa socialista de Jerez mantiene que usó fondos del plan E para pagar 3.000 nóminas
Pilar Sánchez. AO

La política socialista ha mantenido que el posible desvío era «puntual y provisional», lo ha justificado por causa de fuerza mayor

La primera sesión del juicio penal contra la exalcaldesa socialista de Jerez, Pilar Sánchez, no ha deparado sorpresas pues ha mantenido que el supuesto desvío de fondos de la cuenta restringida del plan E -proyectado para realizar obras y emplear a parados- fue una decisión política para pagar las nóminas de unos 3.000 empleados municipales:

«La primera obligación de un alcalde es pagar los sueldos, según la Ley de Bases. No fue una decisión arbitraria la que tomamos. Reponíamos las cantidades en la cuenta a medida de que teníamos ingresos».

La Fiscalía Anticorrupción, que solicita tres años de prisión a la acusada, ha recordado que catorce proyectos no estaban terminados cuando dejó Sánchez la Alcaldía e incluso que el del Museo de Lola Flores ni había comenzado.

Fue el PP quien denunció el asunto al ganar las elecciones de 2011 y quien calculó en 8,6 millones el posible descuadre.

La exregidora ha admitido que las obras no estaban terminadas ante las preguntas del fiscal y lo ha justificado por diferentes causas desde técnicos a crisis empresariales, aunque sí avanzados. Todos estaban adjudicados menos el del Museo ante una medida cautelar dictada por la Audiencia Provincial ha dicho Sánchez.

La acusada ha admitido que al dejar la alcaldía había 6,4 millones sin ingresar en la cuenta:

«Los sueldos eran mi principal obligación y eran seis millones mensuales. Si no la hubiera cumplido no estaría declarando aquí».

Ha explicado al fiscal que ese posible agujero que quedó en la cuenta «tenía su plan de reposición» a medida que el Ayuntamiento ingresara impuestos indicando que no era responsabilidad suya, al haber dejado el gobierno, de saber qué se hizo luego para reponer el dinero y cómo pudo llegar la deuda a los 8,6 millones.

Ha mantenido que pagó todos los certificados de obra que se presentaron.

La política socialista ha mantenido que el posible desvío era «puntual y provisional», lo ha justificado por causa de fuerza mayor y que fue decidido por un gabinete de crisis ante la caótica situación financiera del Ayuntamiento. Todas las medidas fueron todas comentadas al ministerio de Política Territorial:

«Se hizo todo con luz y taquígrafos».

 

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