«Golpe de Estado autonómico», «pucherazo», «atropello», «vergüenza democrática»… Emiliano García-Page no se ha andado con chiquitas para definir la nueva página en el parlamentarismo español que está a punto de escribir la Castilla-La Mancha de María Dolores de Cospedal, escribe en El Semanal Digital Antonio Martín Beaumont en el artículo –La revolución parlamentaria de Cospedal revaloriza su caché político–
Es paradójico que el líder de un partido que tras ganar las autonómicas de 2007 cambió la Ley Electoral, para que sólo Ciudad Real tuviera un número impar de escaños -casualmente el feudo de José María Barreda-, ahora vierta tan graves acusaciones contra la renovación.
El martes el PP registró en las Cortes su proposición de ley para reducir el número de diputados autonómicos a 33: 16 menos que los actuales. Antes, como es preceptivo, había acudido al Congreso para reformar el Estatuto de Autonomía.
Los populares de Cospedal defienden que con esta modificación habrá un reparto «justo, equitativo y objetivo» de los escaños. Concretamente, 3 por provincia y los 18 restantes a distribuir en función de la población.
El quid de la cuestión es que al menos siempre tres de las cinco provincias castellano-manchegas tendrán un número impar de escaños, garantía de quien gane las elecciones gobernará.
Porque con una única provincia impar -la fórmula del PSOE- se daba la paradoja de que un partido podía perder las elecciones por miles de votos y acabar sacando más diputados. O sea: se alejaba el poder real de la decisión expresada por los ciudadanos en las urnas.
A los socialistas no les ha gustado. A los partidos pequeños tampoco porque aseguran que les complica su entrada en las Cortes. Y resulta que, extrapolando los resultados de Izquierda Unida en las europeas, con la nueva normativa saldría mucho mejor parada que actualmente. ¿Entonces?
MARCANDO EL PASO
Pero, la reducción de diputados en Castilla-La Mancha tiene además otros calados muy interesantes para degustar. Incluso a nivel nacional.
No en vano, con esta medida Cospedal vuelve a marcar el camino de la necesaria regeneración política. En este caso del parlamentarismo autonómico.
Exactamente como ya lo hizo cuando eliminó los sueldos de los diputados a partir del 1 de enero de 2013 (que pasaron a cobrar dietas).
Cuestión, por cierto, que fue sorprendentemente recurrida por el PSOE ante el Tribunal Constitucional. Con el consiguiente varapalo, puesto que el TC avaló el pasado marzo la determinación de María Dolores de Cospedal por ser un «legítimo cambio» del régimen retributivo.
Habrá que ver si esta vez García-Page tiene ganas de volver a utilizar por su interés a tan Alto Tribunal. Porque estas cosas, siempre, tienen un coste: personal y político.
La crisis ha provocado que, en sintonía con las demandas de los ciudadanos, otras comunidades hayan lanzado en los últimos tres años propuestas para reducir el número de diputados de sus Parlamentos. Desde Galicia a Canarias, pasando por la Comunidad Valenciana, La Rioja o Madrid.
Sin embargo, hasta la fecha, en ninguna de ellas del dicho se ha pasado al hecho.
Sólo en Castilla-La Mancha, donde por cierto Cospedal recogió en las elecciones europeas los frutos. Ello aún heredando del PSOE un déficit del 7,8% -el más alto de España-, lo que obligó al Gobierno autonómico a adoptar medidas muy duras en estos tres años.
Pues bien: el pasado 25-M, en medio del descalabro generalizado del bipartidismo, María Dolores de Cospedal obtuvo en Castilla-La Mancha el mejor porcentaje de voto del Partido Popular tras el de La Rioja: un 37,7%, 9 puntos por encima de los socialistas. Además de casi 12 puntos más que la media nacional del PP.
Ser la cara de la modernidad y la regeneración del centro derecha español tiene sus beneficios.
Cómo para que luego digan los socialistas que Cospedal quiere cambiar la Ley Electoral porque tiene miedo a las urnas.
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