El TSXG remite a la Fiscalía su pieza en la Pokémon

Horas difíciles para Paula Prado, antigua portavoz del PP

La jueza de Lugo que instruye la operación Pokémon, que investiga el presunto pago de sobornos a políticos para la obtención de contratos públicos, ha remitido a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la exposición razonada de la magistrada, Pilar de Lara, sobre la investigación a la diputada autonómica y exportavoz del PPdeG, Paula Prado.

Antes de decidir si los hechos investigados pueden o no ser constitutivos de delito, el TSXG ha enviado el asunto a la Fiscalía para que emita un informe que será tenido en cuenta antes de tomar una decisión sobre la admisión a trámite de la pieza separada sobre Paula Prado, que por su condición de aforada no puede ser imputada por el juzgado de instrucción de Lugo. Tendrá que ser el Tribunal Superior el que decida si lo hace o si archiva el asunto.

El pasado 26 de mayo, Prado presentó un escrito de queja ante el TSXG en el que explicaba que había tenido constancia por la prensa de que estaba siendo investigada en el marco de la operación Pokémon y mostraba su extrañeza ante dos hechos.

El primero, su condición de aforada, que hace que sea el Tribunal Superior el que tenga competencias sobre ella. Y el segundo, que ya había sido llamada a declarar como testigo por la jueza de Lugo que instruye la causa, por lo que no entendía que ahora se pudiese estar barajando su imputación.

Ante la protesta de Paula Prado, el TSXG reaccionó el pasado día 12 solicitando a Pilar de Lara que informase sobre el estado de las diligencias relativas a la diputada autonómica y exportavoz del PPdeG -dimitió el 4 de junio-.
La jueza decidió crear una pieza separada de la Pokémon sobre Paula Prado al observar «ciertas irregularidades que pudieran ser constitutivas de infracción penal».

Posteriormente preguntó al fiscal si procedía elevar la exposición motivada al TSXG, a lo que el ministerio público respondió afirmativamente, por lo que la magistrada lo hizo el pasado miércoles.

Ahora deberá ser el Tribunal Superior, tras analizar el asunto y tras recibir el informe de la Fiscalía, el que tome una decisión sobre si procede o no imputar a la diputada popular en la operación Pokémon.

La investigación respecto a Paula Prado se centra en su etapa como concejala del PP en el Concello de Santiago. En concreto, se analiza el posible inflado de una factura de un espectáculo infantil para favorecer a un empresario local, Jesús Fuentes.

También la contratación en empresas concesionarias de servicios municipales de personas afiliadas o simpatizantes de su partido, así como el posible enchufe de una persona para ser contratada por la empresa que gestiona una guardería pública.

El marido de Prado también ha sido objeto de investigación por parte de la jueza. El pasado 23 de abril, De Lara emitió un auto en el que mostraba sus sospechas de que el empresario había utilizado «su relación matrimonial» para la venta de materiales textiles a organismos públicos, entre ellos los ayuntamientos de Santiago y Boqueixón.

 

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