La Plataforma Víctimas Alvia 04155, que aglutina a afectados del accidente ferroviario ocurrido en Angrois el pasado 24 de julio que se saldó con 79 muertos y más de un centenar de heridos, denunciarán políticamente al Gobierno español ante la UE por el incumplimiento de la normativa europea en materia de seguridad ferroviaria, y no descartan llevar sus reclamaciones ante el Tribunal de Estrasburgo más adelante.
Así lo ha señalado la diputada ‘popular’ en la Asamblea de Madrid y víctima del accidente, Teresa Gómez Limón, en rueda de prensa en el Congreso, donde ha criticado la «falta de colaboración» del Ministerio de Fomento, de Adif y de Renfe con el juzgado de Santiago que instruye la causa con el objetivo de «ocultar un incumplimiento sistemático de las normas de seguridad ferroviaria establecidas por la UE y de obligado cumplimiento para todos los países miembros».
Entre otras normativas, las víctimas señalan que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) no es independiente, que no se evaluó el riesgo humano que suponía desactivar el sistema de seguridad ERTMS en el tramo del accidente, que no se cumplían las obligaciones de seguridad para la alta velocidad ni tampoco la de homologación del material rodante, entre otras.
PROCEDIMIENTO EUROPEO DE INFRACCIÓN
De hecho, ha recordado, el Ejecutivo comunitario ya abrió un procedimiento de infracción a España por la falta de independencia de la Agencia Estatal de Seguridad del Transporte Terrestre, procedimiento que el Gobierno español trató de desactivar con un decreto ley aprobado el pasado 24 de enero y con el que se creaba la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
Pero, además, las víctimas del Alvia creen que PP y PSOE también tratan de «ocultar una responsabilidad clara del exministro de Fomento José Blanco, ahora desgraciadamente eurodiputado socialista», a quien acusan de haber modificado el proyecto en 2010 para «ahorrar tiempo de viaje» por «intereses comerciales» y para «adelantar la inauguración» por motivos políticos.
«Es totalmente indignante, es una decisión muy grave», cree Gómez Limón, que señala que los actuales responsables de Fomento abundaron en esta estrategia al desconectar el sistema de seguridad ERTMS, que «habría evitado el accidente», para evitar los retrasos que estaba causando por fallos del sistema.
«ACUERDO TÁCITO» PP-PSOE
Por estos motivos, y ante el «temor a que el gravísimo accidente pueda poner en peligro los negocios de las grandes empresas satélites de Adif y Renfe» en el extranjero y perdieran así los «suculentos negocios», las víctimas afirman que PP y PSOE han llegado a un «acuerdo tácito» de negarse a colaborar con la Justicia y de vetar la comisión de investigación en el Congreso.
En estas circunstancias, las víctimas han decidido denunciar a España «por incumplimiento de la normativa europea en materia de seguridad ferroviaria ante la UE», comenzando por los grupos del Europarlamento, donde ya cuentan con el respaldo de la Izquierda Plural, UPyD y el BNG, que son las formaciones que también han solicitado una comisión de investigación en el Congreso.
Según Gómez Limón, primero optarán por la vía política y por apelar a otros organismos comunitarios –Agencia Ferroviaria Europea, Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril, Dirección General de Movilidad y Transporte–, aunque no descartan acudir al Tribunal de Estrasburgo en el futuro.
