El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogará en calidad de imputado al extesorero del Partido Popular (PP) de Castilla-La Mancha, Lamberto García Pineda, al que se le preguntará por el contrato para la recogida de basuras en Toledo que, según el extesorero Luis Bárcenas, el Ayuntamiento de la ciudad otorgó en 2007 a la empresa Sufi a cambio de una donación de 200.000 euros.
El juez Ruz, que investiga la supuesta contabilidad B de los ‘populares’ en una pieza separada del ‘caso Gürtel’, ordenó esta declaración a partir de un informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que concluyó que el contrato investigado se elevó en 11,3 millones de euros, «omitiendo el procedimiento legalmente estableciendo y careciendo de los informes preceptivos, por lo que se podría considerar nulo de pleno derecho».
Además de citar a García Pineda, quien también fue concejal de Hacienda y Empleo en el Ayuntamiento de Toledo, el juez reclamó al Gobierno local que le remitiera en el plazo de cinco días el acta de la sesión de la Junta de Gobierno de la ciudad que revisó la adjudicación al alza del contrato, que se aprobó el 23 de mayo de 2003.
En su informe, la IGAE sostiene que el coste de ese contrato para las arcas públicas pasó en dos meses de 6,13 millones anuales a 17,4 millones de euros por la necesidad de actualizar el convenio colectivo de los trabajadores de la empresa. La decisión la aprobó la Junta de Gobierno de Toledo del PP en mayo de 2007 y la ratificó en noviembre de ese año el nuevo equipo de Gobierno del PSOE.
En su declaración ante el juez Ruz del pasado 15 de julio, Bárcenas vinculó este contrato a una donación de la compañía, filial de Sacyr, para sufragar la campaña de la candidata del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal. El extesorero dijo que las entregas de dinero que recibía el PP «jamás fueron finalistas, salvo una, en Castilla-La Mancha».
El contrato investigado contemplaba la recogida de residuos sólidos urbanos y transporte al centro de tratamiento en todo el término municipal de Toledo. La Junta de Gobierno de la Ciudad, controlada por el PP, lo aprobó en diciembre de 2006 por un coste de 6,13 millones de euros.
