La Guardia Civil ha informado a la jueza que instruye el caso Radio Calvià de que aprecia irregularidades en varios expedientes de contratación de la emisora municipal, de las que considera responsables al exconseller de Turismo y exalcalde Carlos Delgado, a su jefa de prensa y a los adjudicatarios.
La jueza de Instrucción número 12 de Palma, Carmen González, ha recibido catorce informes del instituto armado en los que se señalan «graves anomalías» y «evidentes indicios» de que el mismo número de adjudicaciones se realizaron para «beneficiar directamente» a quien obtuvo la concesión, Antonia Pastrana o bien Fernando López, y de que hubo «conductas punibles penalmente».
EXPEDIENTES
Los expedientes analizados abarcan desde 2007 a 2011 y son por la producción y realización de programas de radio y explotación de la publicidad, han informado fuentes jurídicas.
Los investigadores de la Guardia Civil califican alguna de las adjudicaciones de improcedentes, otras como «continuidad en el fraude», añaden que algunas prórrogas no deberían haberse llevado a cabo y apuntan a
«evidentes indicios racionales de dolo en favor de la persona beneficiada».
Entre las irregularidades, los investigadores señalan que falta documentación, informes justificativos de los procedimientos elegidos, fundamentación del interés y la necesidad pública de los contratos, así como de su adecuación a los precios de mercado y cuestionan la elección de negociados sin publicidad cuando no concurren las circunstancias para ello.
«DE ANTEMANO»
En algunos casos, los informes de necesidad de la contratación son «una vaga referencia insuficientemente documentada».
En una de las prórrogas, todos los informes y trámites se confeccionaron en 24 horas, por lo que la Guardia Civil estima que la adjudicataria
«ya sabía de antemano y tenía acordado que iba a continuar con la gestión».
Consideran que el hecho de que no se presentaran cuentas de explotación, gestión y detalle mensual de las mismas supone un perjuicio para las arcas municipales.
La Guardia Civil considera que la adjudicataria pudo beneficiarse además de ingresos publicitarios sin rendir cuenta alguna y sin que el consistorio se la reclamara, a modo de
«regalo del que no consta reclamación de resarcimiento».
Sobre el actual alcalde, Manuel Onieva, firmante de dos de las concesiones, los investigadores aseguran que «parece haber sido arrastrado» por Pastrana, conocedora de «los entresijos de las contrataciones» que le habían sido adjudicadas hasta entonces.
La investigación parte de una querella del PSOE de Calvià por presuntas irregularidades en la contratación de la gestión y explotación de la emisora de radio municipal en 13 expedientes por un total de 1,3 millones de euros entre 2005 y 2011.
DESCALIFICACIONES
Delgado rebatió en junio del año pasado un anterior informe de la Guardia Civil que consideraba procedente la imputación de once personas, incluido él, por indicios racionales de delito contra la administración y falsedad en la adjudicación de Radio Calvià en 2004, por considerarlo una «chapuza y un despropósito».
Asimismo dijo que la investigación se había realizado «a lo Torrente», aunque luego matizó el término quitándole hierro.
Ahora vuelve a la carga
En esta ocasión, y a través de un escrito registrado por su abogado, niega ningún tipo de delito penal, y aprovecha para volver a cargar tintas, afirmando que
«basta la lectura de las conclusiones de los informes para apreciar que están plagadas de suposiciones, prejuicios y sospechas y que incluso denotan una cierta paranoia investigadora».
Asimismo, no tiene reparo alguno en aludir a que en el informe de marras, y a su juicio,
«sorprende el preocupante desconocimiento administrativo puesto de manifiesto por los agentes».