Todo el tinglado se basaba en asesorar e intermediar en obras públicas dependientes del Ejecutivo catalán
Facturas falsas, simulación de relaciones mercantiles, contratos que no se realizan… La Udef, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía, desgrana en su último informe cómo Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, ha acumulado en los últimos años una ingente una fortuna gracias, supuestamente al cobro de comisiones millonarias por asesorar e intermediar en obras públicas dependientes del Ejecutivo catalán.
Como subrayan Javier Romera y Veronica Sosa en ‘El Economista’, uno de los casos sobre el que la Policía llama la atención está en las cantidades recibidas en relación con la reforma de la Gran Vía de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), una obra pública de calado licitada por organismos de la administración autonómica y que se adjudicó una UTE formada por FCC y el Grupo Copisa, por un montante inicial aproximado de 90 millones de euros.
Según la Udef, «los beneficiarios de la adjudicación (FCC y Copisa), de forma indirecta han derivado millonarios caudales al patrimonio personal de Jordi Pujol Ferrusola en los últimos años, merced a diversas operaciones detalladamente descritas en los informes policiales».
Estas obras fueron concedidas cuando era consejero de Política Territorial y Obras Públicas Felip Puig, hermano de Jordi Puig, quien participa junto a Pujol Ferrusola en variados negocios que «dejaron pingües beneficios a ambos», de acuerdo siempre con el informe.
Ingreso de fondos
La Policía ha encontrado, de momento, fondos remitidos a Iniciatives Marketing i Inversions, una sociedad de Pujol Ferrusola, por parte de la firma Famgueca, por un importe aproximado de 1,5 millones. Famgueca es una sociedad controlada por Alejandro Guerrero, un antiguo colaborador del hijo del expresidente de la Generalitat.
Hay un pago de 759.800 euros por la intermediación en la compra de solares situados en la Plaza Europa de Hospitalet, así como en la consecución de un contrato de obra a desarrollar en los mencionados solares, y otros dos pagos de 379.900 euros cada uno por la intermediación en la consecución de un contrato de gestión para el desarrollo de una promoción inmobiliaria en dicha plaza.
Todos esos pagos fueron hechos en 2007, cinco años después de que FCC y Copisa consiguieran la adjudicación para la remodelación de la plaza.
Aunque la Udef recuerda que «la conexión directa de esa adjudicación concreta, con las plusvalías ilícitas que se presuponen gestadas no es posible porque no existen documentos de cualquier orden que así lo indican y que carece de sentido requerir» -no puede demostrar que esos pagos los hicieran FCC y Copisa- justifica, en cambio la diferencia temporal.
Así, señala que hay experiencias previas de pagos de comisiones diferidas, lo que explicaría que los pagos se hicieran en 2007, cinco años después del inicio de las obras.
Como ejemplo, se pone de hecho, a Ferrovial, que «había efectuado pagos diferidos en el tiempo con ocasión de adjudicaciones y licitaciones que habían ocurrido con bastante anterioridad» para el enriquecimiento de particulares ligados a la Generalitat y financiación de CiU.
La policía apunta, además, en relación a Pujol Ferrusola, que «en cuanto a la motivación que subyace a todos estos negocios, a priori, si que reputamos sus potenciales vinculaciones criminales, puesto que detrás de todo ello encontramos una obra pública, licitada por organismos de la administración pública catalana y de gran calado, la reforma de la Gran Vía en Hospitalet de Llobregat».
Sobre Copisa, una las empresas implicadas con las sociedades del hijo mayor de Pujol, el informe policial remitido al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, recoge que «son varias las operaciones mercantiles desarrolladas a través de las sociedades Project Marketing Cat e Iniciatives Marketing i Inversions, relacionadas con Jordi Pujol Ferrusola, que facturaban a varias compañías que gravitan entorno a un grupo empresarial conocido como grupo Copisa».
Según el mismo informe, Project Marketing, otra de las sociedades de Jordi Pujol Ferrusola, facturó 154.048 euros en 2008 y 2009 de la constructora EMTE, de la que era responsable Carles Sumarroca, vinculado al expresidente catalán y cuyas empresas han tenido grandes ingresos procedentes de negocios del ámbito público. Esta compañía cobró este importe por servicios de consultoría para la implantación de EMTE o alguna de sus filiales en México.
De la investigación policial se extrae que el primogénito del expresidente catalán se ofrecía como experto en varias materias, como por ejemplo en la intermediación inmobiliaria.
Esta misma semana, el consejero de Empresa y Ocupación de la Generalitat, Felip Puig, negó cualquier vinculación con los negocios del hijo mayor del expresidente catalán.
Puig, que estuvo al frente del departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat (2001-2003) durante el último Gobierno de Jordi Pujol, defiende «la legalidad de los procesos de adjudicación en los que ha intervenido en diferentes departamentos de la Generalitat».
El consejero catalán reconoció que su hermano Jordi compartió despacho con Jordi Pujol Ferrusola e incluso colaboraron en «alguna operación inmobiliaria», pero no le consta que este negocio tenga nada que ver con las últimas informaciones recogidas. Puig no niega en ningún momento su amistad con el hijo mayor del expresidente pero considera que «estamos nuevamente en un intento de ensuciar. Si hay algo que no se ha hecho bien, la Justicia lo dilucidará».
Puig ha querido dejar claro que «en ningún caso ha tenido ninguna implicación con mis responsabilidades».
