Álvaro Gijón: "Las sanciones previstas son las más bajas comparadas con las ordenanzas de todo el territorio nacional"
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, junto con otras 16 entidades ciudadanas adheridas a la iniciativa, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) en contra de la ordenanza de civismo y convivencia, aprobada por el Ayuntamiento de la capital balear el pasado mes de abril.
«SIN CONSENSO»
Joan Forteza, ha precisado que el recurso tiene como finalidad la retirada de la nueva ordenanza municipal, dado que, según ha denunciado, fue aprobada por la mayoría absoluta del PP, sin contar con el consenso del resto de partidos políticos representados en Cort, y sin tener en cuenta la opinión de los colectivos y asociaciones afectadas por su aplicación.
Así, Forteza ha explicado que el objetivo principal de acudir a los tribunales de justicia se centra en conseguir que se deje de aplicar la normativa que lleva dos meses en vigor en la Playa de Palma y que, tal y como ha apuntado el presidente de la Federación, no ha tenido ningún efecto positivo.
«No es verdad que se hayan disminuido las acciones negativas de un cierto tipo de turismo».
Con todo, ha precisado que la ley vulnera principalmente aquellos derechos que afectan a la presencia de los ciudadanos en las calles, de modo que se impide, por ejemplo,
«repartir folletos la vía públicas o la simple asociación de gente, además de prohibir y sancionar la actuación de profesionales y artesanos en las calles».
UNA ORDENANZA RECAUDATORIA
Por último, el responsable de la Federación de Vecinos ha criticado que la ordenanza es meramente «recaudatoria», ya que «todos los artículos van acompañados de una sanción pecuniaria», ha remarcado.
Las entidades adheridas al recurso presentado ante el TSJIB son las siguientes: GREC, Grup d’educadors de carrer y traballs alternatius, Unidad Cívica per la República, Assemblea Republicana, Circ Sense Fronteres de les Illes Balears. Circo de la Vida. prosocial, Padrines y Padrins Falutes, Col.lectiu d’Artesans de la Catedral, ATAC Mallorca.
Completan la lista de organizaciones la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Mallorca, Médicos del Mundo, Grup Blanquerna, C.G.T., CCOO de las Islas Baleares, Esquerra Unida de Palma, MÉS Per Palma y la Coordinadora de Ongs.
La nueva ordenanza regula toda una serie de actividades y de malos hábitos de los ciudadanos en la calle, así como actuaciones como lanzar papeles o colillas al suelo, entre otras muchas cosas.
CORT SE DEFIENDE
El primer teniente de alcalde de Turismo y Coordinación Municipal del Ayuntamiento de Palma, Álvaro Gijón, ha recordado este lunes 18 de agosto de 2014, tras el recurso, que la cuantía de las sanciones previstas en la ordenanza cívica de Palma «son las más bajas» comparadas con las ordenanzas de todo el territorio nacional y que entre el 80% y el 90% del contenido del texto en vigor en nuestra ciudad es el mismo que el del modelo aprobado en 2009 por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el consenso de todas las fuerzas políticas y bajo la presidencia de un alcalde socialista, siendo Aina Calvo alcaldesa de Palma y miembro del Comité Ejecutivo de la federación.
NO COMPRENDEN LOS MOTIVOS
Por tanto, Gijón ha asegurado no comprender los motivos por los cuales la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma ha decidido presentar recurso ante el TSJB contra una ordenanza en la que Cort ha estado trabajando desde la pasada legislatura.
«La federación está en su perfecto derecho de recurrir esta ordenanza porque no le gusta pero no podrá argumentar ni falta de diálogo, ni búsqueda de consenso, ni afán recaudatorio».
El primer teniente de alcalde de Turismo y Coordinación Municipal ha recalcado que «he mantenido, personalmente, más de 60 reuniones para explicar esta ordenanza y varias de ellas han sido con la Federación de Asociaciones de Vecinos.
Las reuniones han tenido lugar antes y después del período de alegaciones, que, incluso, fue el doble de lo que establece la Ley».
Gijón, que ha defendido la claridad de la ordenanza, ha mostrado su extrañeza por el recurso cuando
«precisamente la Federación de Asociaciones de Vecinos, a través de sus diferentes servicios, nos reclama por problemas como el botellón, los excrementos de los perros o la circulación de bicicletas de las aceras, prácticas que son denunciables y sobre las cuales no cabe interpretación posible».
Por último, Gijón ha querido destacar que
«una ordenanza similar, con carácter más restrictivo y sanciones de cuantía más elevada, ha sido aprobaba en un ayuntamiento mallorquín no gobernado por el PP lo que demuestra que la de Palma no es una ordenanza política».
