"La voluntad de unos y de otros estaba aunada en la misma dirección: malversar dinero público"
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Calvià, acusación popular en el caso que investiga el presunto desvío de 1,4 millones de euros públicos en la gestión de la emisora Ràdio Calvià, ha solicitado ante la jueza instructora del caso la imputación del alcalde, Manuel Onieva, y de su antecesor en el cargo y exconseller de Turismo del Govern, Carlos Delgado.
ARGUMENTOS
En un escrito de 33 páginas presentado ante el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, al que ha tenido acceso Europa Press, los querellantes basan su petición, entre otros motivos, en el hecho de que hasta 19 informes de la Guardia Civil, la totalidad de los aportados a la causa hasta el momento, apuntan a la comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos para la explotación de la emisora municipal.
La formación, representada en el procedimiento judicial por el abogado Pablo Alonso de Caso, subraya cómo el Instituto Armado concluye, tras una investigación pormenorizada que se ha prolongado durante más de un año, que «todos los expedientes estaban amañados y que el único fin de los mismos era el beneficio directo y exclusivo de los adjudicatarios, quienes actuaban en consorcio criminal con las autoridades municipales».
Y ello, recalca, porque
«la voluntad de unos y de otros estaba aunada en la misma dirección: malversar dinero público, beneficiándose ellos, vulnerando sistemáticamente todas las normas de aplicación y con un claro uso, abuso y prevalencia de las funciones que las autoridades locales tenían asignadas».
Del mismo modo, los socialistas reclaman que también sean citados a declarar como imputados la responsable de Comunicación en el Consistorio María José Merino, su sucesora Antonia Pastrana, y el adjudicatario de los contratos Fernando López.
Los informes de la Guardia Civil inciden en la dinámica supuestamente delictiva desplegada por el Ayuntamiento de Calvià hasta el año 2011 a la hora de tramitar las contrataciones, y llegan a considerar a Delgado «responsable» de las «conductas punibles penalmente» cuya existencia sostienen los investigadores en el marco de este procedimiento judicial. En concreto, las pesquisas apuntan a la comisión de delitos de malversación, fraude y prevaricación.
