La magistrada que investiga el fraude de los ERE impuso al exdirector de Trabajo una fianza de 686.190.686,36 euros

La juez Alaya embarga al socialista Guerrero el salario atrasado que le debe la Junta de Andalucía

La juez Alaya embarga al socialista Guerrero el salario atrasado que le debe la Junta de Andalucía
Mercedes Alaya. EP

El Juzgado de Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha embargado al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero los 26.565,10 euros que ha de abonarle la Junta de Andalucía en cumplimiento de la sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) obligó a la Administración autonómica a readmitir a Guerrero asignándole una vacante y la retribución económica «que le corresponde desde que debió incorporarse al puesto de trabajo que había que adjudicarle».

Por medio de un decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, la secretaria judicial señala que, «siendo a todas luces insuficientes» los bienes embargados al imputado «para poder cubrir nada menos» que la fianza de responsabilidad civil de 686.190.686,36 euros que le impuso la magistrada, «y a la vista del resultado» del oficio librado por la Dirección general de Recursos Humanos y Función Pública», procede acordar la mejora de embargo sobre dichos 26.565,10 euros.

De este modo, decreta el embargo de las «retribuciones, rentas, sueldos o pensiones que en concepto de prestaciones contributivas perciba actualmente y asimismo en concepto de atrasos como funcionario del Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía en cumplimiento» de lo acordado en la sentencia dictada con fecha 24 de marzo de 2014 por la Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).


«No constan más bienes»

El Juzgado de Mercedes Alaya decreta dicho embargo «por cuanto no constan más bienes como titularidad del imputado suficientes para cubrir las cantidades impuestas en concepto de fianza», punto en el que hay que recordar que a Guerrero ya le habían sigo embargadas una motocicleta marca Suzuki modelo VL250, una finca inscrita a su nombre en El Pedroso (Sevilla) y otra finca de la que posee un tercio de la propiedad, así como todos sus saldos bancarios y las devoluciones pendientes de recibir de la Agencia Tributaria.

Por último, la secretaria libra oficio a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, y en concreto a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, «para que se haga efectivo el embargo trabado, haciéndose constar que las cantidades embargadas habrán de ser ingresadas en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado».

En un escrito remitido al Juzgado, la directora general de Recursos Humanos y Función Pública, Isabel Mayo López, indicaba que, «en cumplimiento» de la sentencia, «han de abonarse» a Guerrero, «aún cuando continúe en situación administrativa de suspensión provisional de funciones, en concepto de retribuciones básicas -sueldo y trienios-, 778,25 euros mensuales íntegros y, además, los atrasos devengados desde la fecha en que fue declarado en suspensión, que a 31 de julio de 2014 ascenderían a 26.565,10 euros íntegros», precisando que «de estas cantidades habrían de deducirse las cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones del IRPF».
Declaraciones supendidas

Por otro lado, la juez Mercedes Alaya ha dictado una providencia, consultada por Europa Press, en la que aplaza del 24 de septiembre al 1 de octubre las declaraciones previstas de diez nuevos imputados vinculados a Hitemasa, todo ello tras la petición realizada a tal respecto por la Fiscalía Anticorrupción, que el 24 de septiembre tiene señaladas declaraciones en el Juzgado de Instrucción número 5.

 

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