La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, ha acordado el 23 de septiembre de 2014, junto con representantes del sector pesquero del Golfo de Cádiz, pedir al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente «un plan global y de futuro que aporte soluciones a los problemas del sector de la pesca de Andalucía y le dé estabilidad», además de medidas alternativas «inmediatas» por el cierre de la pesquería de sardina.
Durante el encuentro, al que han asistido representantes de los armadores y cofradías de pescadores de los puertos del Golfo de Cádiz afectados por el cierre de la pesquería de la sardina, Elena Víboras, ha conocido las quejas de éstos por la medida decretada por el Ministerio, que ha supuesto una «mala e inesperada noticia» para el sector andaluz. El cierre se hizo efectivo el pasado sábado, 20 de septiembre, una vez que se ha agotado el Total Asumible de Capturas (TAC) contemplado en el Plan de Gestión de la Sardina, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 14 de agosto.
En la reunión, según una nota de su Departamento, la consejera ha anunciado que va a solicitar una entrevista con la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para «trasladarle el malestar, estudiar la situación y afrontar las posibles soluciones a corto, medio y largo plazo».
La consejera exige al Ministerio medidas alternativas inmediatas para evitar que la flota tenga que permanecer amarrada a puerto, pero ha enfatizado que hay que ir más allá. «Hace falta un plan global y de futuro, porque no se pueden ir poniendo parches dependiendo de la situación en cada momento; no podemos estar con la incertidumbre constante de que nos echan de Mauritania, que en Marruecos tenemos problemas o el amarre de la flota de la sardina», ha reiterado la consejera.
Asimismo, ha recordado que el plan de gestión de la sardina, publicado el pasado 14 de agosto, «fue decidido unilateralmente por el Ministerio y contó, desde el primer momento de su tramitación, con el rechazo del sector pesquero del cerco del Golfo de Cádiz y de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural» y que «el sector propuso al Ministerio un plan alternativo al que nunca se le dio respuesta». Víboras se ha quejado de la «opacidad» del Ministerio porque, en ningún momento, informó de cual era el Total Asumible de Capturas (TAC) ni el consumo que se iba produciendo.
En este sentido, ha insistido en la importancia que esta pesquería tiene para la economía de municipios como Barbate (Cádiz), Isla Cristina (Huelva) o Punta Umbría (Huelva) y ha concretado que «esta decisión» afecta a una flota de más de 910 tripulantes con 87 barcos, que se dedican a la pesca de la sardina, así como a las industrias auxiliares y a las poblaciones que, económicamente, dependen de la sardina.
Además, la titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha subrayado el «esfuerzo de ajuste que ha hecho el sector del Golfo de Cádiz en los últimos siete años para lograr un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y económica». Gracias a este plan, la especie de la sardina presenta hoy en el Golfo de Cádiz una estabilidad que no tiene en otros caladeros españoles, ha señalado.
La flota de cerco del Golfo de Cádiz está constituida por 87 buques, repartidos en los puertos de Barbate, Isla Cristina, Punta Umbría y Bonanza, en los que trabajan en torno a 910 tripulantes. La flota de cerco también pesca boquerón, especie con la que ya tiene dificultades porque la cantidad repartida por buques es insuficiente para garantizarles, por sí sola, rentabilidad.
Por ello, ha apuntado el cierre de la pesquería de la sardina obliga al amarre de la flota, con el consiguiente riesgo para los pescadores de quedar en paro y ha indicado que hay que tener en cuenta, además, el efecto negativo que implicaría para la industria auxiliar (fabricación de hielo, efectos navales, astilleros o empresas conserveras, entre otros).
