Ya antes de la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón el Gobierno tenía preparados los dos recursos que presentará ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Consultas aprobada por el Parlament el pasado viernes y, en su caso, contra el decreto de convocatoria del referéndum del 9 de noviembre. Decreto que firmará el sábado por la mañana.
Sólo cabe, pues, seguir esperando a que Artur Mas se decida a publicarlas en el Diario Oficial de la Generalitat, con los rumores de un adelanto electoral de fondo. Ahora bien. Al margen de la vía del Constitucional, que es a la que acudirá Mariano Rajoy, ¿qué pasa con la Justicia catalana?
Manos Limpias quiere obligar a retratarse a un Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que considera mayoritariamente adepto a la causa de Mas y el independentismo. Cabe recordar que en febrero 33 jueces catalanes firmaron un polémico manifiesto en favor del derecho a decidir, aunque entre ellos no figuraba ninguno del TSJ catalán.
Es por eso que, una vez que haya fumata blanca en el Diario Oficial, el sindicato va a presentar una querella ante el TSJ catalán contra Mas por prevaricación y proposición a la sedición y, en su caso, también un delito de desobediencia. Esto último en el supuesto de que, además de la Ley de Consultas, se publique el decreto de convocatoria del referéndum del 9N.
«Es una prueba de fuego para que el TSJ demuestre si es independiente o no, porque la sedición ha llegado al poder judicial catalán», asegura el presidente de Manos Limpias, el abogado Miguel Bernad. En la querella se pide como medida cautelar la inmediata inhabilitación de Artur Mas «dada la gravísima situación» creada.
En su redacción han colaborado expertos para dejar bien atados todos los cabos, de forma que si la Sala de lo Civil decide no admitirla a trámite quede en evidencia que lo hace no porque la querella esté falta de armazón judicial, sino por motivos políticos, según Bernad.
Las sospechas sobre las simpatías de la Judicatura catalana por el movimiento independentista han ido a más en los últimos meses. Abrió la caja de Pandora en marzo de 2013 el entonces fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, obligado a dimitir después de la polémica suscitada por unas declaraciones suyas en las que consideraba legítimo el llamado derecho a decidir.
Entretanto, ya ascienden a más de 600 los ayuntamientos catalanes que a lo largo de esta semana han aprobado mociones en favor de la consulta del 9 de noviembre, empezando por Barcelona. En muchos casos, además, con la complicidad -vía voto a favor o abstención- del PSC, pese a que su líder, Miquel Iceta, dio instrucciones a sus concejales para que votaran en contra.
