El Consejo de Estado ha aprobado por unanimidad el dictamen de los dos recursos que remitirá al Gobierno central al objeto de que el Consejo de Ministros recurra la consulta en el TC.
El dictamen para que el Gobierno recurra la ley de consultas y la convocatoria del 9N ha sido aprobado por unanimidad y está previsto que sea remitido al Gobierno en las próximas horas, ya que la Secretaría de esta institución está detallando algunos aspectos formales.
El Gobierno solicitó el sábado al Consejo un dictamen sobre la constitucionalidad y su emisión en 48 horas, con la intención de que el lunes por la mañana el presidente Mariano Rajoy reúna el Consejo de Ministros y ordene la inmediata interposición de los dos recursos ante el Constitucional.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, fue la encargada el sábado de firmar la solicitud de informe al Consejo de Estado, en ausencia del presidente, que se encontraba de regreso de su viaje oficial a China, y la solicitud fue enviada formalmente por el ministro de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que también recibirá el dictamen y lo elevará al Consejo de Ministros.
La intención del Ejecutivo es que los recursos se registren el mismo lunes; puesto que la semana que viene no está previsto un pleno del Tribunal Constitucional, el presidente de la institución, Francisco Pérez de los Cobos, deberá convocarlo con carácter extraordinario para decidir la admisión a trámite de los recursos.
SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA
La vicepresidenta del Gobierno recordó este sábado que el Ejecutivo solicitará al Alto Tribunal que suspenda la aplicación tanto de la ley como del decreto y que esta será efectiva con la admisión a trámite de los recursos.
La suspensión tendrá efectos desde la misma entrada en vigor de los dos actos recurridos «y una vez suspendidos, no puede llevarse a cabo ninguna actuación tendente a ejecutarlos», advirtió
Esa suspensión tiene una vigencia de cinco meses y transcurrido este tiempo, si el Tribunal no ha dictado sentencia, debe decidir si prorroga esta medida cautelar o la levanta.
La vicepresidenta también advirtió contra la interpretación de Convergencia de que, puesto que la suspensión es cautelar, la Generalitat podría tomar medidas también cautelares para desarrollar el decreto de convocatoria.
«La suspensión es automática y produce el efecto de que no puede producir ningún efecto, de ninguna naturaleza, ninguno, ni con carácter preventivo. Se suspende y deja de producir efectos, porque se suspenderán los dos elementos, la ley y el decreto», según Santamaría.
PRESERVAR LA JURISDICCIÓN DEL TC
Admitida la demanda, el tribunal de garantías dará traslado de la misma al Congreso, al Senado y a la comunidad autónoma para que se persone y formule alegaciones en 15 días.
El artículo 4 de la Ley Orgánica del Constitucional le permite adoptar «cuantas medidas sean necesarias» para preservar su jurisdicción, «incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos o resoluciones que la menoscaben».
