Joaquim Brugué -propuesto por ICV-EUiA- denuncia que el organismo "ha quedado fuera de la ley"

Dimite un miembro de la Comisión de Control del referéndum del 9N por falta de «garantías democráticas»

La Comisión de Control -una suerte de 'junta electoral'- ya ha empezado a trabajar en secreto por orden de la Generalidad

El servicio jurídico de la Generalidad lo llama "referéndum" / La responsable de consultas y de coordinación jurídica, Maria Dolors Feliu, tumba la estrategia de Mas

La aparente unidad de los partidos promotores del referéndum secesionista del 9 de noviembre empieza a resquebrajarse públicamente. Este domingo ha dimitido uno de los siete miembros de la Comisión de Control -el órgano que debía actuar como una suerte de junta electoral de cara al 9N- porque considera que «no se dan las garantías democráticas» para celebrar la consulta y porque no quiere legitimar «una iniciativa que ha quedado fuera de la ley».

Así lo ha avanzado El Crític y lo ha confirmado a través de su cuenta de Twitter el propio dimisionario, Joaquim Brugué, catedrático de ciencia política y de la administración en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que fue propuesto para ocupar dicho cargo por ICV-EUiA.

La Comisión ha empezado a trabajar este domingo, pese a estar suspendida

Como explica Alejandro Tercero en ‘Crónica Global’, de esta forma, la Comisión de Control sufre su primera baja tres días después de su polémica constitución -fue aprobada el miércoles por el Parlamento autonómico, tras un acuerdo de CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP, y ratificada por el presidente de la Generalidad, Artur Mas, el jueves-, y cuando todavía no se ha puesto en marcha.

O al menos, eso es lo que parecía, ya que según asegura el periódico coordinado por Roger Palà, Sergi Picazo y Joan Vila i Triadú, la Comisión de Control ha celebrado este domingo su primera reunión -ya sin Brugué- «para empezar a trabajar», a pesar de que el Tribunal Constitucional ha suspendido el referéndum y todas las actividades vinculadas a él. Por ello, esta reunión podría haber constituido una violación de esa suspensión.

Según esta información, la Generalidad habría tratado de «mantenerla en máximo secreto».

Los asistentes habrían sido los seis miembros restantes de la Comisión de Control, esto es, Mercè Barceló (catedrática de derecho constitucional de la UAB), Alfonso González (doctor en derecho por URV), Miquel Martín (catedrático de derecho civil de la UdG), Marc Marsal (licenciado en derecho por la UPF), Jordi Matas (catedrático de ciencia política de la UB) y Benet Salellas (licenciado en derecho por la UdG).

Brugué denuncia falta de neutralidad en el proceso

Brugué ha señalado en su cuenta de Twitter que su renuncia es a título «personal». «Acepto todas las críticas pero no puedo avalar una consulta que, a mi parecer, no ofrece garantías democráticas«.

En todo caso, ha añadido que «aunque muchos no me creeréis, querría honestamente contribuir a la consulta, pero no a cualquier precio».

En declaraciones a El Crític, Brugué -que fue director general de Participación Ciudadana de la Generalidad durante el tripartito- ha reconocido que se «equivocó» al aceptar el cargo, porque confiaba en la legalidad y neutralidad del proceso:

«Me creí lo que decía el presidente [de la Generalidad] de que no se haría nada fuera de la legalidad y que no se haría nada si no había plenas garantías democráticas. Creí que si la ley estaba suspendida haríamos una pausa y la Comisión de Control podría ser el embrión para hacer una consulta con plenas garantías en el futuro».

No quiere «dar cobertura legal a un acto que no la tiene»

Sin embargo, Brugué ha señalado que no quiere hacer «ninguna escenificación» para «dar cobertura legal a un acto que no la tiene», ni «reunirnos para hacer ver que se dan las condiciones democráticas».

«Ahora estamos haciendo derecho creativo para buscar grietas, pero eso no me parece serio. Hay aspectos importantes que están en el aire. No se ha contratado a quien ha de hacer el censo, queda un mes y no se sabe dónde se ha de ir a votar, la campaña institucional está suspendida, no hay campaña del ‘sí’, ni del ‘no’, ni del ‘sí-no’… Además hay dudas sobre las posibles sanciones a funcionarios o sobre qué papel tendrán los Mossos d’Esquadra para garantizar la seguridad de las urnas. Y, finalmente, faltan garantías de neutralidad. Un referéndum en el que solo una parte esté en el debate puede acabar generando un resultado con un 90% de apoyo a una de las respuestas. En procesos de participación ciudadana hay dos cosas fundamentales: las reglas han de ser claras y aquí no están claras porque no se sabe quién ni cómo se hará el registro de votantes, y las expectativas han de ser claras, no sabemos qué se hará con el resultado».

Críticas al acto independentista de Mas con los alcaldes

La renuncia de Brugué ha generado inmediatamente el malestar entre ciertos sectores del independentismo y de los promotores del referéndum, hasta el punto de que el propio ya ex miembro de la Comisión de Control del 9N ha denunciado haber sufrido «un linchamiento twittero», en referencia a las críticas recibidas a través de la red social.

En todo caso, ha asegurado tener «la conciencia bien limpia» por su decisión.

Se da la circunstancia de que Brugué -al igual que el alcalde ecosocialista de Sant Feliu de Llobregat, Jordi San José- había criticado que en la recepción institucional que Mas ofreció a los alcaldes este sábado «se juega con la confusión entre el ‘queremos votar’ y los gritos de independencia».

También había reprochado a la ANC la última campaña que han puesto en marcha.

«¿Por qué lo llaman encuesta cuando quieren decir progaganda?», señaló en otro tuit.

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