El Partido Popular cuestiona que la Junta de Andalucía mantenga su discurso de «colaboración absoluta con la justicia» en la investigación de casos de corrupción cuando decide «retirar funcionarios de refuerzo» al Juzgado de Instrucción número de 6 de Sevilla, cuya titular es la magistrada Mercedes Alaya, que se encarga de macrocausas como el caso ERE o las irregularidades en subvenciones a cursos de formación.
Así lo asegura el Grupo Popular en una pregunta oral registrada por su secretaria general, Dolores López, y el portavoz de Justicia en el Parlamento, Juan Ramón Ferreira, y que será dirigida al consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, el 9 de octubre de 2014 en el Pleno de la Cámara.
En la iniciativa, consultada por Europa Press, López y Ferreira piden al Consejo de Gobierno que aclare si «considera que cumple con su compromiso de colaboración absoluta con la justicia al retirar los funcionarios de refuerzos adscritos al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla», así como que detalle «qué repercusiones» tendrá esta decisión «sobre el funcionamiento de dicho juzgado».
Se da la circunstancia de que la propia Mercedes Alaya ha remitido un escrito a la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que le reclama que destine al juzgado dos funcionarios de refuerzo y que se nombre a un tercero para suplir la baja por enfermedad de la funcionaria encargada de tramitar las diligencias relativas al caso ERE, todo ello ante la situación de ‘sobrecarga’ del juzgado derivada de la investigación de varias ‘macrocausas’.
Tras conocer esta petición, el consejero Emilio de Llera manifestó el pasado miércoles en Almería que su departamento estudiaría la solicitud del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, aunque señaló que «no es el único con sobrecarga de trabajo» y advirtió de que «los medios» de su departamento «son finitos» y «hay que ayudar a todos los órganos».
«Cualquier petición de cualquier juez la estudiamos pero, claro, hay que tener en cuenta que ese juzgado tiene ya 15 funcionarios frente a los diez con los que están dotados el resto de juzgados de instrucción de Sevilla», dijo entonces el titular de Justicia, que aludió a la sobrecarga de trabajo que sufren los juzgados de los Social o de lo Mercantil, «que ya no pueden soportarla pero nadie pregunta por ellos».
