El PSOE rechaza que el fiscal actúe contra el 'president'
La Fiscalía Superior de Cataluña tiene previsto presentar mañana una querella contra el presidente catalán, Artur Mas, y tres consejeros de su gobierno por supuestas responsabilidades penales en el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña, han informado a Efe fuentes jurídicas.
La querella, que se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dada la condición de aforados de los denunciados, se dirigirá contra Mas, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau.
El escrito que ultima la Fiscalía se podría dirigir también contra titular de la conselleria vinculada con la confección de las papeletas del 9N, elaboradas por presos de las cárceles catalanas, pero en principio no contra los responsables de los locales públicos donde se instalaron las urnas del proceso participativo, según las mismas fuentes.
Entre los delitos que la Fiscalía estudia atribuir a Mas y a los consellers implicados figura el de malversación de caudales públicos, dados los gastos que ha supuesto para la Generalitat la celebración del proceso participativo y sus preparativos.
El ministerio público cree que los miembros del gobierno catalán contra los que se dirige la querella podrían haber incurrido además en un delito de desobediencia, por haber asumido el liderazgo de la consulta pese a que había sido suspendida por el Constitucional, así como de prevaricación.
La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ha avanzado hoy esta acción legal. En declaraciones a Telecinco recogidas por Ep, la líder de los populares catalanes ha precisado esta mañana que la querella está «prácticamente ultimada», y ha avanzado que podría recoger tres delitos: cohecho por parte de miembros del Govern, malversación de fondos públicos y desobediencia a los tribunales.
«Mas creyó que podía vulnerar la ley, pero la democracia tiene sus mecanismos y sus tiempos y es implacable», ha sentenciado la dirigente popular, que ha insistido en que el proceso participativo del domingo fue una farsa sin consecuencias legales.
«Se cruzó una línea roja»
«Se cruzó una línea roja que es el incumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional», ha expuesto Camacho, que también ha advertido a Mas de que no logrará imponerle un referéndum independentista al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
La presidenta del PP ha puesto en duda los datos del 9N, ya que el proceso participativo no ha tenido «ninguna garantía democrática de pluralidad».
