LA ENCRUCIJADA CATALANA

Así maniobran Gobierno de España y Fiscalía para moderar el castigo a Artur Mas

No hay acuerdo sobre contra quiénes, por qué delitos ni la pena, pero está claro que el escarmiento no será excesivo

Así maniobran Gobierno de España y Fiscalía para moderar el castigo a Artur Mas
Torres Dulce con Artur Mas. EP

La querella que Alicia Sánchez Camacho adelantó el martes y de la que Mariano Rajoy afirmó ayer no tener el más mínimo conocimiento ha provocado este 13 de noviembre de 2014 un maremoto en el Ministerio Fiscal.

El Gobierno se ha quitado en medio para seguir dando esa imagen de «proporcionalidad» y «mesura» de la que habló el presidente en su comparecencia en La Moncloa, pero vigila de cerca cada paso. En juego está la respuesta a un claro desafío a España y su Estado de Derecho, en tanto que el 9-N fue por dos veces suspendido por el Tribunal Constitucional.

No hay un criterio unánime sobre contra quién debe dirigirse la querella, si sólo Artur Mas y su vicepresidenta o también algún consejero; ni de qué delitos acusarles, si quedarse en la desobediencia y la prevaricación o ir más allá.

Y si eso no está claro, menos aún que medidas pedir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (el responsable al tratarse de aforados) contra Mas, que el domingo se declaró públicamente el «responsable» de la consulta. No obstante la inhabilitación no parece que esté en los planes.

La prensa catalana denuncia este jueves presiones de la Fiscalía General del Estado a la de Cataluña por el borrador de la querella que se elaboró en Madrid, muy contundente. Que fue del que tuvo conocimiento Sánchez Camacho.

Para calmar los ánimos el miércoles hubo una reunión en Madrid entre Eduardo Torres Dulce -fiscal general del Estado-, José María Romero de Tejada -fiscal superior de Cataluña- y sus equipos, después de la cual la Fiscalía General envió un comunicado haciéndose a un lado.

«La Fiscalía Superior de Cataluña dará cuenta al fiscal general del Estado de la decisión que adopte en el marco de los principios de legalidad e imparcialidad que rigen la actuación del Ministerio Público», eran sus palabras exactas. Dejando así el peso de la decisión sobre los hombros de la Fiscalía Superior de Cataluña.

Esa maniobra de Torres Dulce con el beneplácito del Ejecutivo -el fiscal está en permanente contacto con el ministro de Justicia- tiene gran transcendencia política. Dejando la decisión en manos de la Fiscalía Superior de Cataluña y no de Madrid, el Gobierno pretende moderar el escarmiento que quiere darle a Mas.

Pero mientras, el Partido Popular se impacienta. Su portavoz en la Comisión Constitucional, Pedro Gómez de la Serna, pidió este jueves que si ha habido delito se abra el proceso «cuanto antes» y «no se eternice».

 

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