Los tres grupos políticos del Parlamento andaluz, PP-A, PSOE-A e IULV-CA, han cerrado un acuerdo para la reforma del Reglamento que incluye entre sus novedades la posibilidad, inédita en toda España, de que los ciudadanos puedan presentar enmiendas al articulado de proyectos y proposiciones de ley, que serán tramitadas si son asumidas por algún grupo parlamentario.
La reforma del Reglamento, presentada en rueda de prensa por el presidente de la Cámara, Manuel Gracia, y los portavoces de los grupos, será aprobada por lectura única previsiblemente en el primer pleno del mes de diciembre de 2014 y también recoge que el futuro Portal de Transparencia del Parlamento, que se pondrá en marcha en las próximas semanas, publicará la agenda, la actividad y la declaración de IRPF de los diputados, dejando abierta la posibilidad de que también se hagan públicas las de sus cónyuges o parejas.
Otra novedad relevante afecta a la regulación del período de sesiones, ya que se ha acordado que el Parlamento se reunirá anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones, del 1 de septiembre al 31 de diciembre y del 1 de febrero al 31 de julio, lo que supone que en julio podrá haber plenos ordinarios.
Según ha explicado Gracia, con estas medidas el Parlamento andaluz sigue «avanzando en transparencia y participación» gracias a la «unanimidad» de todos los grupos, a los que ha agradecido su trabajo para alcanzar «un mínimo común denominador» y para demostrar ante los andaluces que «han antepuesto las demandas ciudadanas a las propuestas concretas» que cada partido tenía y que, en pro del acuerdo, se han quedado fuera por el momento, sin que esto suponga que no se puedan abordar «en un futuro».
Para el presidente de la Cámara –que ha recordado que el andaluz ha sido el primer Parlamento en introducir un «severo régimen de incompatibilidades» para sus diputados, o en crear el denominado ‘escaño 110’–, se trata de una reforma que tiene «un valor político relevante» en tanto en cuanto convierte a la institución andaluza, «sin duda alguna aunque sin caer en la soberbia», en la «más transparente» del país y en la primera en abrir cauces de participación «nuevos y originales» que puedan servir de «modelo» a otros parlamentos autonómicos e incluso a las Cortes Generales.
MÁS RENDICIÓN DE CUENTAS
Entre las modificaciones del Reglamento destaca, en el artículo 16, la modificación del tratamiento de la información tributaria que deben presentar los diputados ante el Parlamento, que en lo sucesivo se hará pública a través del Portal de Transparencia «siempre protegiendo la intimidad de los interesados».
Hasta la fecha, según ha recordado Gracia, los parlamentarios tenían la «obligación» de depositar esta información pero no de hacerla pública a la ciudadanía, una decisión que quedaba en manos de cada grupo político. Además, ahora se «abre la puerta» a que los cónyuges o parejas de hecho de los diputados, cuando concurra el consentimiento expreso de aquel, puedan presentar igualmente las autoliquidaciones de IRPF e IP (Impuesto sobre el Patrimonio).
El Portal de la Transparencia incluirá asimismo la agenda y actividad de los diputados. Esto significa, en palabras del presidente del Parlamento, «un ejercicio de rendición de cuentas muy importante» ante los ciudadanos, que podrán saber a qué se dedican sus representantes y estos sabrán que «están expuestos» ante los ojos de los andaluces.
Gracia también ha valorado la modificación del artículo 62, por el que se determina que en el seno de la Secretaría General funcionará una Oficina de Control Presupuestario para asesorar a los órganos de la Cámara en materias presupuestarias e informar a los grupos y a los miembros de la Comisión de Hacienda y Administración Pública sobre la documentación que se reciba en esta comisión acerca de la ejecución del Presupuesto y de las inversiones, así como de la aplicación de los fondos europeos «desagregados al máximo posible». Del mismo modo, deberán informar sobre aquellos aspectos de la actividad parlamentaria que tengan repercusión en los ingresos y gastos públicos.
AVANCE TAMBIÉN EN PARTICIPACIÓN Y SANCIONES
El presidente de la Cámara también ha querido ensalzar el «avance en participación» que va a suponer este «acuerdo de mínimos» –al que ha pedido dar «un significado positivo» por cuanto uno de máximos hubiera sido «imposible»– al establecerse, además de la posibilidad de que los ciudadanos puedan presentar enmiendas al articulado de proyectos y proposiciones de ley -bien de forma individual o a través de alguna organización–, «un plazo máximo de dos meses» para la inclusión de las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) en el orden del día de una sesión plenaria una vez que alcancen el número de firmas necesarias para ser tramitadas (40.000), «evitando así dilaciones» en el debate de las mismas.
Respecto a los periodos de sesiones, se ha acordado habilitar el mes de julio como hábil, siendo los períodos ordinarios de sesiones del 1 de septiembre al 31 de diciembre y del 1 de febrero al 31 de julio. Enero y agosto, por tanto, permanecen «inhábiles», lo que no quiere decir, según ha advertido Gracia, que los diputados no trabajen durante estos meses. «Los diputados son diputados 12 meses y no es algo susceptible de ser vinculado o no al periodo de sesiones», ha subrayado al ser cuestionado por los periodistas sobre si los parlamentarios van a cobrar ‘dietas’ en estos dos meses inhábiles desde el punto de vista parlamentario. Además, ha querido dejar claro, «a ver si se entiende de una vez», que en el Parlamento andaluz «no existen dietas» sino «indemnizaciones por gastos».
De otro lado, y en la línea de buscar la ejemplaridad, los tres grupos han establecido que realizar actividades incompatibles sin contar con la preceptiva autorización será causa de privación a los diputados algunos de sus derechos, para lo que se respetarán siempre las debidas garantías en el procedimiento de aplicación. Asimismo, en el artículo 13 se incluye la detracción de las retribuciones de los diputados en caso de incumplimiento injustificado del deber de asistir a las sesiones, así apreciado por la Mesa, órgano rector de la Cámara.
Por otra parte, y tras la puesta en marcha del llamado ‘escaño 110’, se introduce además, en el artículo 125, el establecimiento de «un plazo de dos meses» para la inclusión de las iniciativas legislativas populares en el orden del día de una sesión plenaria una vez alcancen el número de firmas necesarias para ser tramitadas, evitando así dilaciones en el debate de las mismas.
EXÁMENES DE IDONEIDAD
Gracia también ha ensalzado que, en el Título Tercero llamado ‘De la organización del Parlamento’, se hayan modificado las funciones de la Comisión de Gobierno Interior y Peticiones, que pasa a llamarse Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones.
Así, las competencias que ejercía relativas al presupuesto del Parlamento pasan a la Mesa de la Cámara, quedando la citada comisión configurada «como un verdadero órgano de asesoramiento en relación con los nombramientos que deba efectuar el Parlamento, por lo que se pronunciará sobre la idoneidad de los cargos de extracción parlamentaria».
Sobre este aspecto, Gracia ha aclarado que la intención es que este pronunciamiento «no sea un mero trámite» sino un examen de idoneidad del candidato a diputado en el que este aproveche su turno de 10 minutos para presentarse y exponer su proyecto y los grupos, que también dispondrán de 10 minutos, puedan hacerle preguntas para decidir finalmente si se hace una «valoración positiva o negativa» que después se llevará al Pleno. Cuestionado sobre si estos exámenes serán abiertos al público, el presidente de la Cámara ha dicho que «son susceptibles de ser atendidos por los medios de comunicación» como cualquier otra comisión parlamentaria.
