El presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, ha apelado el 25 de noviembre de 2014 a la presunción de inocencia de las personas investigadas en el marco de la denominada ‘Operación Pulpo’, al tiempo que ha demandado «agilidad» en la resolución de las diligencias que lleva la jueza Pilar de Lara Cifuentes sobre la institución provincial.
«La Diputación de Lugo y yo mismo, somos absolutamente respetuosos con las actuaciones judiciales, como con la presunción de inocencia de las personas afectadas y sólo se solicita agilidad en la resolución del procedimiento para que queden debidamente aclarados estos hechos», ha afirmado Besteiro en su comparecencia en el pleno provincial.
En su intervención ha comentado que la «finalidad» de la intervención judicial, con la entrada de la jueza Pilar de Lara el pasado viernes en el Pazo de San Marcos, era investigar «presuntos delitos de tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales, prevaricación y malversación de caudales públicos».
Más de diez minutos de intervención, contenida en doce folios, y sin réplica, ha constituido la comparecencia del presidente provincial, que ha reiterado que las actuaciones se encuentran «bajo secreto sumarial».
En esta línea, ha recordado que cuando se produce la entrada de los agentes de la UDEF, pasadas las 9,00 horas y salida en torno a las 20,30 horas del 21 de noviembre, se encontraba fuera de la Diputación, dado que ese día acompañó a un enfermo de cáncer desde A Fonsagrada, en la conocida como ‘Ruta del cáncer’, en una acción prevista y concertada con la federación vecinal para reclamar servicios para el HULA.
«La jueza fue recibida por el secretario de la Diputación, al que le dio el auto de fecha de 21 de noviembre de 2014. Tras la lectura del mismo le requirió para que respondiese si daba autorización de entrada y registro de forma voluntaria en el edificio de la Diputación, a lo cual, como no podía ser de otra forma, prestó consentimiento poniendo desde ese momento cuantos efectivos fuesen necesarios para la actuación judicial».
DOCUMENTOS INTERVENIDOS
Durante la intervención judicial, «fue autorizada la aprensión de efectos relacionados con la investigación, tales como documentos, facturas, certificaciones, equipos o soportes informáticos y digitales, así como otros efectos relacionados con los hechos investigados», según ha enumerado.
Asimismo, ha concretado que la actuación de Pilar de Lara se ciñó «a los despachos de la jefa del servicio de Comunicación y del jefe de Relaciones Institucionales, oficinas del servicio de Relaciones Institucionales conocidos como ‘Km 0’, servicio de Contratación, servicio de Deportes y servicio de Fondos Europeos».
«En dichas dependencias fueron requeridos diversos expedientes, carpetas con documentación, agendas y un teléfono. No existía y, por tanto, no se procedió a la captura de ninguna cantidad de dinero en efectivo, ni talones, ni cheques bancarios».
«La intervención comprendió también la apertura de las cajas fuertes y de seguridad del despacho del jefe de relaciones institucionales, tesorería y en el registro general, a excepción del existente en el despacho citado en primer lugar donde fue llevada parte de la documentación existente, en el resto de las cajas inspeccionadas no fue encontrado ningún elemento que fuese de interés para la actuación judicial», ha apostillado.
Desde el punto de vista informático, Besteiro ha indicado que comprendió «los equipos informáticos, el contenido existente en los soportes informáticos de almacenamiento de datos, servidores informáticos, correspondencia electrónica, así como los demás efectos y soportes informáticos».
«Se autorizó a los funcionarios policiales el registro, examen y lectura de la totalidad de la información existente en archivos y documentos comprendidos en dichos ordenadores y soportes informáticos, fotográficos y audiovisuales para el acceso, busca y comprobación y en su caso proceder a la grabación mediante volcado de información».
Sobre la diligencia de acceso al volcado de los equipos informáticos, soportes digitales y correspondencia electrónica, el presidente de la Diputación ha señalado que «se extendió al jefe de Relaciones Institucionales y a todo el personal de relaciones institucionales, la unidad de Km 0, la de protocolo y la de Atención al Ciudadano, así como la del jefe del servicio de Comunicación y los funcionarios y personal del departamento de Contratación».
PERSONAL «EN SUS PUESTOS»
Besteiro ha dicho que la intervención se prolongó «durante casi once horas y el personal de estos servicios tuvo que permanecer en sus puestos mientras se desarrolló el volcado informático». Relató en su discurso que los expedientes requeridos eran «originales» con excepción de los libros de actas que «al no poder salir de la sede provincial, los acuerdos requeridos fueron entregados mediante emisión de copias diligenciadas».
El 25 de noviembre, ha vuelto a insistir en que «tal y como se puso de manifiesto en el auto, las diligencias están declaradas secretas por lo que a la Diputación solo le fue entregada la parte dispositiva, desconociéndose la causa que determina la intervención judicial practicada, siendo conocedores solamente que se enmarcan dentro de la tramitación de las diligencias previas 2097/2013 tramitadas ante el juzgado número uno de Lugo relativas a la gestión del programa Km 0».
«Durante esta intervención no se produjo ninguna detención, ni consta en el auto la existencia de nuevos imputados en relación con las referidas diligencias previas», ha concluido, para apelar a la presunción de inocencia.
