El Gobierno autonómico catalán se dirige por carta al organismo regulador

Artur Mas ‘invita’ al CAC a sancionar a las radios y televisiones que no promocionaron gratis el 9N

Artur Mas 'invita' al CAC a sancionar a las radios y televisiones que no promocionaron gratis el 9N
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El Gobierno no de la Generalidad no tiene suficiente con haber organizado el simulacro de consulta secesionista del pasado día 9 contraviniendo la prohibición expresa del Tribunal Constitucional, sino que, además, pretende sancionar a los medios privados que no aceptaron promocionar gratuitamente la pseudoconsulta.

çPara ello, ya ha movilizado al Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), el organismo que supervisa que radios y televisiones con sede en Cataluña cumplan la regulación vigente.

Según informa Europa Press, el secretario de Comunicación del Gobierno autonómico, Josep Martí, ha remitido una carta al CAC en la que explica que la Generalidad conminó a diversos medios privados a emitir, de forma gratuita, propaganda de la celebración del simulacro de consulta, y que algunos de ellos se negaron a emitirla.

En la misiva, el ejecutivo autonómico considera esta negativa como un «incumplimiento» del articulo 82.1 de la Ley de Comunicación Audiovisual autonómica, que reza que las emisoras están obligadas a difundir gratuitamente «aquellos comunicados y declaraciones que el Gobierno del Estado y de la Generalitat estimen convenientes por causas justificadas de interés público».

El TC prohibió las actividades «vinculadas» al 9N

Pero la Generalidad no se limita a comunicar el «incumplimiento», sino que además solicita al CAC que valore «la incoación del procedimiento sancionador correspondiente a las persones físicas o jurídicas, da naturaleza pública o privada, a quien se pueda atribuir la comisión, aunque sea por inobservanza» de tal «incumplimiento».

Hay que señalar que la Generalidad conminó a las televisiones y radios con sede en Cataluña a emitir estos anuncios a pesar de que el TC, en su resolución que prohibía la pseudoconsultan ordenó explícitamente suspender las «actuaciones de preparación para la convocatoria de la consulta o vinculadas a ella».

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