El portavoz adjunto del PP en el Parlamento andaluz, Antonio Sanz, denunció que la Junta de Andalucía haya contratado para auditar las cuentas de las fundaciones públicas a una empresa en la que figura como socio director quien fuera el auditor del Tribunal de Cuentas que exculpó al PSOE en el caso Filesa, y quien también auditó las cuentas de la Expo 92. Además apostó por la creación de un cuerpo interventores de la Junta para evitar más casos de corrupción.
Así lo dijo el popular, quién evidenció «la falta de trasparencia y escaso interés de la Junta por resolver los grandes enigmas de las cuentas públicas y evitar así el descontrol de la Junta con los recursos públicos».
«La Junta de Andalucía, no satisfecha con tantos casos de corrupción, sigue tomando decisiones que generan una gran sospecha. Lo último que hemos conocido ha sido el contrato que se le ha hecho a una empresa de auditoría para que auditen las cuentas anuales de las fundaciones públicas de la Junta en el periodo 2014-1017, muchas de las cuales están relacionas con casos de corrupción».
Para Sanz, «es tremendamente sospechoso» esta contratación, pues «nadie puede entender que si realmente se quiere auditar al conjunto de las fundaciones públicas de Andalucía, no tengan a nadie mejor, o sí, quizás es el mejor para tener así una auditoría al servicio de la administración y no al servicio de la transparencia».
Por todo ello, el popular formuló algunas preguntas: «¿Tiene que contratar el PSOE a uno de los suyos para auditar las cuentas de las fundaciones públicas a favor del PSOE? ¿Es este el modelo de transparencia del que la Junta y Susana Díaz presumen en Andalucía? ¿Así pretende el PSOE evitar nuevos ERE falsos, nuevos fondos de reptiles, nuevos escándalos de Invercaria, nuevos robos del dinero de los parados?».
Sanz concretó que existe un total de 67 fundaciones públicas en Andalucía donde participa la Junta, y en las que 21 tienen participación pública mayoritaria.
Para los populares, esto pone en evidencia «la necesidad de dar un giro a la hora de gestionar el control de los recursos públicos de la Junta de Andalucía». Por ello proponen incrementar los controles previos de la Junta a la hora de otorgar subvenciones y a la hora de gestionar el sector público empresarial, «porque lo que se evidencia es la necesidad de creación de un cuerpo de interventores de la Junta de Andalucía de carácter independiente, con el que se evitarían muchos problemas y un gasto innecesario».
Sanz criticó también que la Junta de Andalucía «se vuelca sobre todo en el control a posteriori, mientras que el PP considera que lo que hay que hacer es una labor preventiva de un control previo, no vaya a pasar lo que ya sabemos, que después no se justifican las ayudas».
Por último, el portavoz adjunto de PP en el Parlamento, recordó otro caso similar, en el que la empresa auditora de confianza de UGT, Interaudit S.L., que se dedicaba a revisar las ayudas concedidas por la Junta, pertenecía a familiares de Francisco Mencía, el ex director general de la Agencia IDEA, imputado por el caso de los ERE. Además, «esta empresa dio el visto bueno al programa Forman XXII, en el que figuran las nóminas de José María Moriche, marido de Susana Díaz».
