Hay muy pocas leyes en España que hayan nacido con el respaldo de todas las fuerzas políticas. Eso ha ocurrido en Castilla-La Mancha con la nueva Ley de la Discapacidad. Toda una anomalía para los tiempos que corren. Aprobada en noviembre, la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha entrará en vigor dentro el próximo 2015.
Una de las grandes novedades de esta norma es la obligatoriedad de que los presupuestos regionales -a partir de 2020- destinen el 1% del PIB a financiar las políticas en favor de la discapacidad. Pero este objetivo dependerá del principio de sostenibilidad financiera, es decir, según los límites de déficit y deuda pública previstos en esta ley. Ese 1% se contabilizará descontando la aportación del Estado en sus competencias exclusivas.
Así lo aseguró la presidenta de la comunidad, María Dolores de Cospedal, en el parlamento Castilla-La Mancha. Otra de las peculiaridades del texto es que establece que todas las medidas y actuaciones aprobadas por el Gobierno autonómico tendrán que incorporar un informe con el previsible impacto que tendrán en este colectivo.
Las expectativas son muy altas sobre esta ley.
Tanto Cospedal como los legisladores creen que el texto no solo responderá a las demandas de las personas que sufren alguna discapacidad sino que en el plano político elevará a la comunidad manchega a la vanguardia de España en este terreno. Si las cosas salen según lo esperado no sería descartable que la norma se aplicara en otras comunidades autónomas. «Esta ley es un motivo de orgullo que pone a la comunidad a la vanguardia de España en la defensa efectiva de las personas con discapacidad», explica la presidenta.
Aunque ha habido consenso en la promulgación de la ley, gobierno y oposición mantienen una pugna por adjudicarse el tanto de la misma. Cospedal reivindica la creación de la Comisión de Políticas de Discapacidad en el seno de su Ejecutivo, en el que -asegura- asumió el compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y la igualdad de oportunidades.
El diputado del PP, David Atienza, aseguró que muchas de las enmiendas del PSOE a la norma recogían alegaciones del Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) al anteproyecto que ya fueron incluidas en el texto. Según Atienza el PP incluso retiró una de las suyas por entender que una socialista era equivalente y más completa.
A pesar del tono conciliador del diputado popular en la oposición las cosas se ven de otro modo. El portavoz del PSOE en el parlamento regional, José Luis Martínez Guijarro, afirmó la semana pasada que se alegraba de que el PP asumiera su reivindicación aunque fuera sólo «por conseguir una buena foto».
La ley manchega nace con tres objetivos principales. El primero es el de garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la inclusión de las personas con discapacidad de acuerdo con lo previsto en la legislación nacional y la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. El segundo, asegurar la transversalidad de las políticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que afectan a las personas con discapacidad.
El tercer objetivo es el de establecer los principios para la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Una de las claves de esta ley recién aprobada es que la Castilla-La Mancha tendrá potestad para establecer prestaciones económicas destinadas a personas con discapacidad que no puedan atender sus necesidades básicas, distintas y compatibles con las prestaciones del sistema de la Seguridad Social y las que puedan otorgar la Administración General del Estado, siempre que la normativa estatal lo permita.
El texto decreta que las políticas de discapacidad tendrán un carácter transversal. Esto significa que todas las áreas de gobierno deberán contemplar sus directrices en sus actuaciones y que en la delimitación de la asunción de competencias prevalecerá la condición de persona sobre la discapacidad de la misma.
BUENA ACOGIDA
De momento la ley ha tenido buena acogida entre los colectivos de discapacitados. Hace unos días se celebró la asamblea anual del Servicio de Capacitación de Castilla-La Mancha (Cecap) en la que se valoró positivamente la medida.
El director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes de Castilla-La Mancha, Juan José García Ferrer, cree que esta ley es un texto innovador en materia social que por primera vez «incorpora la creación de los servicios de capacitación socio-laboral y que sitúa a Castilla-La Mancha a la vanguardia en materia social».
Para el director general, la inclusión de estos servicios ha sido una de las novedades de este texto y responde a las demandas de las entidades del sector, que han tenido una activa participación en su redacción.
Respecto a la creación de los servicios de capacitación socio-laboral, García Ferrer cree que la ley contempla la coordinación entre las consejerías con competencia en asuntos sociales y en empleo para lograr la inclusión laboral de las personas con discapacidad. «Este es un compromiso serio con las personas con discapacidad, para lograr su total inclusión en la sociedad en igualdad de condiciones».
