Entre las novedades que presenta la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad está la integración de este colectivo en el ámbito laboral
Entusiasmo es la palabra que repiten los representantes de distintas asociaciones dedicadas a la ayuda de personas discapacitadas. El motivo es la nueva ley de Discapacidad de Castilla-La Mancha aprobada en noviembre de 2014 y que entrará en vigor el próximo 2 de enero.
La norma, que establece un aumento de las ayudas -en todos los sentidos- a los discapacitados, ha suscitado el aplauso de quienes trabajan en favor de estas personas.
A partir de ahora todas las administraciones deberán velar por el cumplimiento de un texto que garantiza la plena igualdad e integración de las personas que sufran algún tipo de incapacidad.
Los poderes públicos tendrán en cuenta la ley en su acción de gobierno. Es la llamada transversalidad de la norma. Prueba de que todos deberán remar en la misma dirección es que cualquier ley nueva incluirá un informe de impacto de discapacidad.
Entre las novedades que presenta la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad está la integración de este colectivo en el ámbito laboral.
Para lograr una adaptación inclusiva y plena Castilla-La Mancha reserva el 6% de la contratación pública a personas con discapacidad.
Es decir, de los servicios que se externalizan -jardinería, limpieza, etc- se reserva este porcentaje a los centros especiales de empleo. Actualmente hay 2.000 discapacitados trabajando en la administración pública.
El director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes de Castilla-La Mancha, Juan José García Ferrer, destaca las mejoras en cuanto a prestaciones económicas que esta ley tendrá para los discapacitados. «Esta ley les protege.
Juan José García Ferrer.
El articulo 5 habla de la corresponsabilidad de las administraciones, cada dirección general debe preocuparse de incorporar al presupuesto lo necesario para atender a los discapacitados», señala a Periodista Digital.
Otra de las novedades es la ampliación de los recursos especializados. El coste del mismo será asumido por el gobierno de Castilla-La Mancha siempre que se trate de prestaciones compatibles con las de la seguridad social.
Por ejemplo, este sería el caso de una persona sordo-ciega que requiere un recurso especializado fuera de Castilla-La Mancha y que en el marco de la dependencia no pueda. «Ahora existe la posibilidad vía subvención o prestación a la persona de una cantidad todos los años para financiar el recurso especializado», se felicita García Ferrer.
Lo mismo sucede con los autistas o personas con discapacidad mental. Cuando la persona está en situación de dependencia podría recibir una prestación para contratar una plaza-residencia y completar esa prestación con una ayuda para completar ese coste del servicio. Por supuesto dependerá de las posibilidades de la persona. De igual forma habrá ayudas para prótesis, audífonos, etc.
Por otra parte habrá prestaciones que aumenten las que ya otorga el Estado para las personas dependientes. Es el caso de los discapacitados que necesiten contratar a un asistente personal para acceder a un contrato de trabajo o cuando el ayudante sea esencial para que el discapacitado logre avanzar en su formación.
Ejemplo: un estudiante que quiera seguir en la universidad y necesite un asistente para ir a clase. Actualmente el Estado establece 715 euros de ayuda (426 euros si el discapacitado tiene grado dos). El objetivo de la nueva ley es aumentar la cuantía.
José Antonio Romero es una de las personas que mejor conoce la ley. Gerente del Comité Español de representantes de personas con discapacidad (CERMI), ha coordinado al comité en las negociaciones previas a la redacción del texto aprobado el mes pasado en la cortes de Castilla-La Mancha.
José Antonio Romero.
En declaraciones a Periodista Digital destaca el valor de concienciación social que supone el texto. «Se ha logrado trasladar la convención de la ONU a esta ley regional, hay que valorarla en clave de derechos humanos a los discapacitados.
Es muy importante por la transversalidad de estas medidas y que sean integrales. A partir de ahora se harán informes de impacto de discapacidad de todas las leyes que se aprueben para que haya una garantía efectiva de esos derechos. Supone un valor de concienciación social».
El único reproche del gerente del CERMI al gobierno de Castilla-La Mancha es el de no actualizar la ley de accesibilidad, que a su juicio está ya obsoleta.
Hay expertos en otros campos de la discapacidad, pero todos celebran el nacimiento de esta ley. Cristina Gómez, presidenta de la Federación de Autismo de Castilla-La Mancha, recuerda que muchas asociaciones dedicadas a trabajar con autistas reclamaban novedades como la de abrir aulas abiertas para estos estudiantes en centros educativos ordinarios.
Cristina Gómez junto a Marcial Marín.
Son las llamadas aulas TEA, cuyo objetivo es el de preparar a los alumnos autistas para interactuar con normalidad con los otros compañeros. «Esta ley garantiza que estos alumnos tengan a disposición estas aulas venga el gobierno que venga. Las aulas están reguladas por la consejería de educación», explica Cristina Gómez.
Aunque hoy hay 20 aulas TEA en los centros de Castilla-La Mancha, la presidenta de la Federación de Autismo reclama que faciliten más. «Queremos que la administración abra más aulas. Cuando presentamos el proyecto, algunos profesionales y algunas familias no lo vieron bien, sobre todo por desconocimiento».
Muchos no saben que estos alumnos no están todo el tiempo ni todos a la vez en estas aulas. A cada niño se le adapta el programa de trabajo individualizado. Y en la ESO reciben la materia de forma especializada, con claves visuales, etc. «Estos alumnos necesitan un traje a medida y estas aulas lo tienen» asegura.
A los años 80 se remonta Jesús García Verdugo, gerente de DOWN Toledo, para recordar que desde entonces se estructuró un modelo restringido que posteriormente se quedó atrasado. Ahora celebra que la cosa cambie.
«Esta ley es toda una novedad porque antes en el ámbito laboral se observó que la adaptación en la práctica no se materializaba, la ley se alejó del contexto socio-cultural de la época».
García Verdugo sostiene que el gran reto de centros como el suyo es que el síndrome de Down saliera de casa y se adaptara al ámbito laboral.
«Nosotros abogamos por la escolarización pero siguiendo un itinerario adecuado a la persona con discapacidad para desarrollar sus capacidades. Son perfectamente capaces de trabajar en cualquier empresa. Esta ley es un hito de salida, no de llegada».
En esa misma sintonía se expresa Daniel Collado, gerente de la Federación de Entidades en favor de personas con discapacidad intelectual y sus familias de Castilla-La Mancha.
«Es un paso adelante en la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. A partir de ahora se tendrán en cuenta los centros especializados de empleo -compuestos por discapacitados en un 75%- para las contrataciones públicas. El mercado laboral es duro en tiempos de crisis, pero mucho más con personas con discapacidad intelectual».
No obstante, advierte de que queda aún mucho por hacer. «Hemos llegado a unas conclusiones a través de esta ley pero el camino recorrido no está completo. Tenemos que estar vigilantes para que la garantía de derechos sea real y efectiva».
Pero los discapacitados no solo aumentarán la presencia en las aulas y centros de trabajo sino que por primera vez estarán representados en lugares en los que antes no se les tenía en cuenta lo suficiente. José Martínez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE, valora positivamente que gracias a esta ley van a poder estar representados en el consejo de la mujer o en el consejo escolar.
El gerente de la ONCE habla además de un aspecto de la ley que corrige un punto en el que llevan 30 años indefensos: la salvaguarda del derecho a la imagen de los discapacitados frente a quienes se aprovechan de ella para lucrarse mediante el juego ilegal. Es la primera vez en España que un texto legislativo incorpora una referencia de este tipo.
«Hay organizaciones que aprovechan la imagen de los discapacitados para comercializar juego ilegal. Lo rechazamos en pleno. ONCE es una parte muy afectada y esta ley muestra el rechazo de todo el sector a las actividades ilegales. La ley permite estar vigilante para que no vuelva a suceder. Es lamentable que organizaciones de este tipo campen a sus anchas»