Castilla-La Mancha ha dado un paso hacia adelante en favor de los discapacitados con la promulgación de la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Pionera y paradigmática en este campo, el texto destaca por la garantía de derechos a los discapacitados y por su transversalidad, ya que será asumida por toda la administración pública.
Uno de los objetivos de la nueva ley de Discapacidad –aprobada por unanimidad en las cortes autonómicas– es el de destinar el 1% del PIB a políticas en favor de las personas con discapacidad, sus familias y entidades que las representan a partir de 2020. Y eso al margen de las aportaciones del Estado para la financiación de sus competencias exclusivas.
La norma castellano-manchega nace con vocación de hacer la vida más fácil a los discapacitados en todos los terrenos. Se trata de garantizar la igualdad de oportunidades y reafirmar los derechos de estas personas que, sin ayuda, difícilmente podrán superar determinadas barreras.
Para lograr la meta se prevén distintos tipos de medidas de acción positiva contra la discriminación y de fomento de la calidad de vida. Empezando por el acceso a la educación.
Para ello se contemplan medidas que favorecerán la integración en las escuelas y universidades de los niños con alguna discapacidad física, sensorial o intelectual. Por ejemplo con la inclusión en centros ordinarios.
También se establecerá en torno al 5% de plazas reservadas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad. Con ello se persigue que estas personas logren el desarrollo de sus habilidades sociales.
El proceso de aprendizaje en las aulas es recíproco entre el alumno discapacitado y el resto, para el primero supone un aprendizaje mayor y para los demás porque aprenden a convivir con esta realidad social.
Los expertos en discapacidad creen que es muy sano porque además así se evita la segregación de las personas discapacitadas.
Una de las novedades en el ámbito educativo es que los discapacitados tendrán representación en el consejo escolar de Castilla-La Mancha y en el Consejo de la mujer.
Un paso importante, pues los legisladores entienden que la adaptación de los discapacitados en las aulas debe ir paralelo al de los órganos de representación.
La norma contempla prestaciones a los dependientes que aumenten las que ya otorga el Estado. Es el caso de los discapacitados que necesiten contratar a un asistente personal para acceder a un contrato de trabajo o cuando el ayudante sea esencial para que el discapacitado logre avanzar en su formación.
Ejemplo: un estudiante que quiera seguir en la universidad y necesite un asistente para ir a clase. Actualmente el Estado establece 715 euros de ayuda (426 euros si el discapacitado tiene grado dos). El objetivo de la nueva ley es aumentar la cuantía.
Con esta ley también se espera que mejore la vida de los autistas. La presidenta de la Federación de Autismo de Castilla-La Mancha, Cristina Gómez, celebra la apertura de aulas abiertas para estos estudiantes en centros educativos ordinarios.
Son las llamadas aulas TEA, cuyo objetivo es el de preparar a los alumnos autistas para interactuar con normalidad con los otros compañeros.
«Esta ley garantiza que estos alumnos tengan a disposición estas aulas venga el gobierno que venga. Las aulas están reguladas por la consejería de educación», señala a Periodista Digital.
Aunque hoy hay 20 aulas TEA en los centros de Castilla-La Mancha, la presidenta de la Federación de Autismo reclama que faciliten más.
«Queremos que la administración abra más aulas. Cuando presentamos el proyecto, algunos profesionales y algunas familias no lo vieron bien, sobre todo por desconocimiento».
Muchos no saben que estos alumnos no están todo el tiempo ni todos a la vez en estas aulas. A cada niño se le adapta el programa de trabajo individualizado. Y en la ESO reciben la materia de forma especializada, con claves visuales, etc. «Estos alumnos necesitan un traje a medida y estas aulas lo tienen» asegura Gómez.
