Ver si en otras empresas públicas se repitió el modelo de gestión económica irregular de la agencia Idea, por el que la entidad recibía transferencias de financiación sin controles. La juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha pedido a la Intervención General y a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía la información «íntegra» relativa a los programas de control financiero permanente de todas las empresas públicas en los años 2005, 2006 y 2007.
En un auto del pasado 23 de diciembre, solicita además a la Intervención General los informes adicionales «con su correspondiente notificación» que se hubiesen realizado en Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa, RTVA y Turasa «o cualquier otra empresa pública», se lee en el texto.
La intención de la magistrada es determinar, según el auto, el posible «paralelismo entre lo acontecido» en la agencia Idea «con lo ocurrido en estas otras empresas públicas». Y considera «especialmente importante» para la instrucción los ERE «conocer las directrices anuales marcadas por el Consejo de Gobierno para el programa de fiscalización permanente de las empresas de la Junta», entre ellas Idea.
Con esta acción, más allá de ir cerrando este caso que lleva casi cuatro años de instrucción y acumula 229 imputados, la juez amplía su investigación con la posibilidad de implicar a nuevas entidades y de aumentar la lista de imputados.
